Los integrantes de la Comisión Especial de Competitividad se reunieron con Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ante quienes presentó el análisis a los ocho fondos que conforman el ramo 33 en el desarrollo social de México.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, presidente de la Comisión, manifestó que existe la necesidad de generar mecanismos en las entidades federativas de evaluación y de rendición de cuentas. “Ante la ausencia de una figura que pueda llevar la batuta en esta materia se debe crear un órgano que ayude a generar una dirección que organice a los estados para que acepten mecanismos de rendición de cuentas”.

El diputado Armando Ríos Piter (PRD) consideró la conveniencia de impulsar desde la Comisión una propuesta frente al Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de generar procesos de alineación.

“¿Qué se puede hacer para garantizar una ruta crítica en la construcción de una alineación que genere instrumentos específicos y operativos?”, cuestionó.

El legislador Emilio Andrés Mendoza Kaplan (PRI) señaló cuatro de los fondos que reflejan una baja correlación con los problemas que debieran de atender, los cuales están relacionados con educación y salud.

Vidal Llerenas Morales (PRD) puntualizó que se debe plantear un cambio constitucional que permita que el Congreso pueda legislar en materia de evaluación y fiscalización de gasto.

En su oportunidad, Hernández Licona expresó que el objetivo de la evaluación fue analizar la rendición de cuentas de los fondos, la consistencia entre el uso de los recursos y los objetivos, así como los retos en su operación local en materia de educación, salud, seguridad e infraestructura social.

Precisó que la evaluación arroja que existen desafíos sustanciales entre los que se encuentran la mejora en la definición de los objetivos de cada fondo y la adaptación de nuevas variables de medición de los resultados del ejercicio de los recursos.

“Se debe dar seguimiento a acciones que impulsen una mayor cultura de la evaluación de los órdenes estatal y municipal, así como mejorar los mecanismos para reportar información sobre la gestión y resultados de los recursos”.

En la gestión de los fondos no se identifica una práctica de evaluación o de análisis. “No existe información homogénea disponible acerca del destino de estos recursos”.

Destacó que ninguno de los fondos presenta un conjunto integral de indicadores que permita evaluar sus resultados o verificar el avance de sus objetivos. “Es necesario hacer transparentes las fuentes de información y bases de datos con los cuales se hacen los cálculos de distribución de los recursos”.

Señaló que se deben hacer transparentes las fuentes de información y bases de datos con las cuales se realizan los cálculos de distribución de recursos por parte de las dependencias coordinadoras, “ya que se encontró que en ocasiones no cuentan con la información necesaria para el cálculo de las fórmulas de distribución de recursos”.

Asimismo, especificó que la Ley de Coordinación Fiscal presenta vacíos legales que dificultan cuestiones administrativas de las entidades y los municipios ante las instancias fiscalizadoras.

“Se requiere de una homologación de criterios para la operación y la auditoría de los fondos entre las legislaciones estatales, las diversas secretarías de Estado involucradas y la Auditoría Superior de la Federación”.

Expresó que la creación e implementación del ramo 33 representa un logro importante el proceso de descentralización del país, sin embargo debe fortalecer la transparencia de recursos, la evaluación local del manejo de éstos y la forma de medir los resultados.

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