La Cámara de Diputados solicitó a los secretarios de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, informen las medidas y salvaguardas establecidas para preservar la imparcialidad, neutralidad y objetividad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que preserve la naturaleza tripartita del organismo.

También para evitar que “la subordinación jerárquica administrativa interfiera en el respeto de las garantías de debido proceso, igualdad ante la ley y de los elementales principios de seguridad jurídica, ante la realidad de que la contraparte entraña articulación y coordinación de dependencias y entidades federales dependientes del emisor del decreto que origina las disputas laborales”.

Asimismo, se acordó la integración de un grupo de trabajo con miembros de las Comisiones de Derechos Humanos, y de Trabajo y Previsión Social, para darle seguimiento a dicha solicitud.

En el documento, suscrito por el diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI) se precisa que a la fecha la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje “ha venido sosteniendo de manera contradictoria resoluciones que no se compadecen con los criterios formados a lo largo de décadas”.

Especialmente, se añade, aquellas relacionadas con la operación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que durante décadas continuó siendo el patrón y contraparte del contrato colectivo sin perjuicio de estar en liquidación.

“Ha sido a tal grado aberrante el comportamiento de la Junta que sostuvo un conflicto en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) dando reconocimiento a una planilla sindical cuyos trabajadores ya habían renunciado y habían sido liquidados”.

Se menciona que la Junta ha llegado al inaceptable límite de colaborar con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), en la modificación, desconocimiento y alteración de los acuerdos y pactos de naturaleza laboral alcanzados con el SME, ya que incluso por acuerdo escrito ambas representaciones laborales reconocen que la afiliación de los trabajadores electricistas en la zona centro corresponde indiscutiblemente al SME.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se mandó al ejecutivo federal.

Censo Nacional de Población y Vivienda 2010

De igual forma, se acordó solicitar a la Junta de Coordinación Política cite a comparecer ante comisiones al presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, para que informe sobre el Programa Anual de Información Estadística y Geográfica, y de las inconformidades que han expresado los gobiernos municipales sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.

En el documento, suscrito por el diputado Martín Enrique Castillo Ruz (PRI), se indica que el Inegi por disposición de su Junta de Gobierno, redujo significativamente el número de preguntas del cuestionario básico del censo, áreas tan delicadas como la dinámica demográfica y la actividad económica. “Tal reducción disminuyó su posibilidad de comparación con ejercicios censales anteriores”.

Se menciona que en vez de 108 millones que esperaban los demógrafos basados en proyecciones técnicas de Conapo, resultaron poco más de 112 con una situación económica aceptable que permitió a varios comentaristas de la prensa referirse a México como un país con una clase media mayoritaria, en el que la desigualdad y la mala distribución de la riqueza y el ingreso habían desaparecido como por encanto.

“Resultamos ser un país tan urbanizado que casi nos hace olvidar que tenemos una población rural cercana a los treinta millones de connacionales”.

Tal sorpresa, se destaca, se ha traducido en inconformidad de casi 800 municipios del país quienes están pidiendo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el recuento nuevamente de su población, porque consideran que el organismo descentralizado del gobierno federal les “rasuró” el 50 por ciento de su población.

Se enfatiza que el Inegi no debe servir al gobierno en turno, toda vez que es una institución del Estado mexicano, “por esta razón la sociedad exigió su autonomía como parte esencial de su progreso democrático”.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

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