• Regresarán las fuerzas armadas a sus cuarteles en menos de tres años, Alcántara Soria

Ante el cuestionamiento de diputados de la Comisión de Seguridad Pública, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Juan Miguel Alcántara Soria, afirmó que en menos de tres años las fuerzas armadas regresarán de forma paulatina a sus cuarteles.

Ello, explicó, en la medida de que cada entidad asuma su responsabilidad de fortalecer su policía estatal y brinde además el servicio en aquellos municipios que no cuentan con elementos policiales o son insuficientes.

Durante la reunión de trabajo, los legisladores cuestionaron al responsable del Sistema Nacional de Seguridad Pública en torno a tres grandes temas: los subejercicios; la prevención respecto de los flujos migratorios y la política de seguridad pública.

El diputado Salvador Caro Cabrera (PRI) dijo que la inseguridad es un tema de Estado que debe desligarse de la política, más aún, de lo electoral. Añadió que en esta lucha el Congreso accedió a todas las peticiones de reforma legal y constitucional formuladas por el titular del ejecutivo.

Del mismo modo, abundó, el PRI avala y coincide en que se debe enfrentar al crimen organizado y abatir los índices de delincuencia, “pero no compartimos ni la estrategia ni los resultados del gobierno federal hasta el momento”.

En tanto, el diputado Liev Vladimir Ramos (PAN) señaló que México pasa por tiempos difíciles en materia de inseguridad, sin embargo, no es un asunto exclusivo del legislativo federal.

Indicó que la inseguridad es un problema complejo que se debe combatir desde muchos frentes, por lo que tanto municipios como estados deben manifestarse con determinación. Asimismo, rechazó la partidización del tema de la inseguridad porque “todos somos responsables”.

Por el PRD, Teresa Incháustegui Romero indicó que la política en materia de seguridad pública no ha dado resultados e incluso genera costos sociales. También hizo alusión a los resultados de la Cuenta Pública de 2009, los que, dijo, registran retrocesos.

La inseguridad es verdaderamente angustiante. Encontramos falta de registro de armas y lo mismo ocurre en el control de confianza, en la certificación y en la profesionalización de los elementos.

La diputada Adriana Zarur (PVEM) refirió que en materia de procuración de justicia y seguridad pública, el gobierno federal sigue con problemas graves y diariamente se comprueba con los números. Debe de reconocer que una auténtica estrategia contra el crimen tiene más que ver con la labor de inteligencia y la aplicación estricta de la ley, especialmente en el caso de los secuestros, robos y el avance del crimen organizado.

Jaime Cárdenas Gracia (PT) dijo a su vez que es preocupante la información de autoridades de Estados Unidos en el sentido de que el Presidente Felipe Calderón se encuentra frustrado porque su estrategia de combate al crimen organizado no ha tenido los éxitos esperados.

Por otra parte, añadió, es necesario, de acuerdo con el informe de la ONU, terminar con el círculo indebido, anticonstitucional, de la militarización en México. Es fundamental que las fuerzas armadas no realicen tareas de seguridad pública, porque es competencia de los cuerpos policiacos.

Víctor Hugo Círigo (Convergencia) se refirió al informe de la Cuenta Pública 2009, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, el cual destaca diversas irregularidades y subejercicios de los recursos destinados a los fondos para la seguridad pública en los estados y municipios.

Asimismo, abordó el tema de la migración, la cual, dijo, ha generado un gran problema con la desaparición continua de migrantes que ingresan a nuestro territorio por la frontera sur. “En 2009 la CNDH emitió un informe, destacando 198 casos que incluyeron a 9 mil 758 víctimas, sin considerar aquellos que no fueron denunciados.

En sus respuestas y exposición inicial, Alcántara Soria señaló respecto de los subejercicios que es una situación grave, e incluso se ha llamado la atención de los gobernadores porque la causa principal es que los secretarios de finanzas reciben cada mes la parcialidad del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), pero los recursos los invierten en los bancos y hasta el final del año, cuando ya generaron rendimientos, pretenden, de manera apresurada, ejercer las asignaciones.

Calificó el hecho como reprochable e inaceptable, sobre todo, cuando habiendo problemas de inseguridad en los estados, los recursos no se ejercen oportunamente.

“Estamos en pláticas con los gobernadores y secretarios ejecutivos de los estados para que esta práctica viciosa la podamos desterrar. Las entidades que registran un mayor porcentaje de subejercicio son, entre otras, el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Veracruz. Pero más allá de eso, por primera vez hemos transparentado dónde están los recursos, eso va a inhibir a que los secretarios de finanzas mantengan prácticas cuestionables”, dijo.

Por lo que corresponde al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) indicó que en 2010 se autorizó un presupuesto de 4 mil 137.9 millones de pesos y se transfirió a 206 municipios elegidos, 4 mil 102.6 millones, los cuales han ejercido el 84.2 por ciento, es decir, 3 mil 454 millones 995 mil 956 pesos y a la fecha, 51 municipios han devuelto 30.9 millones.

Respecto de los avances en la estrategia interregional de prevención social en el contexto de flujos migratorios, Alcántara Soria informó que se han identificado 25 focos rojos ubicados en las fronteras norte y sur del país a lo largo de cuatro rutas de tren.

Mencionó que se trabajará en la prevención social basado en tres líneas estratégicas que son: la protección y asistencia humanitaria a los migrantes; la generación del modelo piloto de prevención social y una campaña de sensibilización e información sobre derechos humanos y no discriminación en las comunidades donde están esos 25 focos rojos, además de talleres a servidores públicos.

Por otra parte, el funcionario dijo que a partir de la propuesta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), y luego desde el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública para adoptar un modelo policial único, aún está en discusión en la Cámara de Senadores. “En tanto se toma una definición, todos los gobiernos locales se comprometieron a fortalecer las capacidades de las policías estatales para la investigación y la persecución del delito.

Se refirió también a las evaluaciones de control de confianza del personal de dependencias vinculadas con la seguridad pública, de las que, dijo, el Instituto Nacional de Migración sólo ha evaluado al 48.9 por ciento de sus personal; la PGR al 60 por ciento; la Secretaría de Seguridad Pública el 63.4, por ciento en tanto que la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, el 94.7 por ciento.

Finalmente, destacó que dentro de las acciones estratégicas para la prevención del delito se está creando una red de alcaldes para la seguridad ciudadana, de la cual ya hubo un evento constitutivo en octubre del año pasado, donde 76 munícipes iniciaron la conformación. “Estamos por generar un segundo evento para que se sumen más alcaldes en políticas muy puntuales de prevención social de la violencia”.

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