Al clausurar el foro La radio comunitaria en México, realidades y desafíos el diputado Gerardo Flores Ramírez (PVEM), presidente de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, afirmó que es necesario trabajar en la adecuación del marco legal que dé impulso a esta figura, adoptando las mejores prácticas internacionales en favor de la sociedad mexicana.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro señaló que a lo largo de estos trabajos los participantes aportaron elementos valiosos para la discusión que deberá realizarse al interior de esta Comisión.

“Está claro que hay que modificar el marco legal para dar cabida a esta figura de la radio comunitaria. Es una demanda social que debemos atender”.

La diputada María Yolanda Valencia Vales (PAN), secretaria de la Comisión, señaló que la radio comunitaria cobra gran importancia para quienes se encuentran alejados de los centros urbanos y que apuestan por un cambio político y cultural.

“En estas estaciones no encontramos música pop, boletines oficiales o contenidos regulados; no se trata de una programación refinada sino de un concepto de comunicación participativa”.

Dijo que su papel principal consiste en atender las prioridades establecidas por la comunidad, de manera que pueda facilitar su discusión y solución.

En su oportunidad, Héctor Villarreal Ordóñez, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, afirmó que la ausencia de una definición explícita y de una adecuada regulación de la radio comunitaria en el marco jurídico mexicano constituyen un pendiente que dificulta, “si no es que de plano impide su evolución”, por lo cual es necesario solventar esta situación.

Durante su participación en el foro dijo que en el ámbito legislativo siguen pendientes los acuerdos y reformas que resuelvan el reconocimiento jurídico del modelo, que regulen debidamente su operación y que otorguen auténtica certidumbre a las emisoras comunitarias.

Añadió que ha sido el diálogo entre las organizaciones sociales con autoridades administrativas, representantes de la industria concesionada, líderes de propias comunidades solicitantes y el Poder Legislativo, lo que ha contribuido a sentar bases para una definición de este modelo de comunicación.

“Su inserción en el marco de la ley no tiene por qué significar ni una competencia desleal ni, mucho menos, oponerse a la vigencia del Estado de derecho o a una adecuada administración del espectro radioeléctrico”, aseguró.

Agregó que entre 2009 y 2010, la Cofetel resolvió favorablemente media docena de solicitudes, avanzando en la búsqueda de criterios administrativos más precisos en cuanto a requerimientos, tiempos de respuesta y características técnicas de las estaciones de perfil comunitario.

Aclaró que reconocer las necesidades específicas de comunicación como una legítima demanda social, no convalida la operación de emisoras fuera de la ley, porque dañan la sustentabilidad de pequeñas radios concesionadas que ofrecen un valioso servicio ala ciudadanía.

Por el contrario, el reconocimiento a la viabilidad y legitimidad de este modelo, apremia al Estado a construir reglas y políticas claras para el funcionamiento ordenado de la radiodifusión comunitaria.

Indicó que entre Cofetel, Segob y otras instancias gubernamentales actúan de manera coordinada para asegurar emisoras ilegales. “El último registro dice que hay entre 160 y 170 emisoras ilegales en México, en tanto que al rededor de 350 han dejado de transmitir como consecuencia de la acción permanente de la autoridad”.

Agregó que el fenómeno de la ilegalidad se concentra en más de 80 por ciento en los estados de Oaxaca y Chiapas, donde las condiciones específicas de orden político, social, religioso, económico y orográfico generaron un entorno propicio para el uso indebido de las frecuencias de radio.

En su oportunidad, Arturo Laris Rodríguez, vicepresidente del Consejo Directivo de la Cámara de Ia industria de la Radio y la Televisión (CIRT), afirmó que en caso de que haya reformas al marco legal de la radiodifusión para reconocer a las estaciones comunitarias como otra figura o como subconjunto de los permisos, deben estar claramente definidas en la ley, incluyendo el tipo de contenidos que transmitan.

Además, se debe establecer que no deben comercializar publicidad ni patrocinio; dentro de las distintas estaciones sociales o permisionadas, el subtipo de las comunitarias y cualquier otro que sirva a una comunidad geográficamente definida, deberá contar con un régimen jurídico especial que incluya características técnicas específicas.

La industria, dijo, reconoce que el Estado tiene la facultad de ejercer su rol soberano para garantizar la diversidad cultural y el pluralismo y que ello implica asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.

“Por lo tanto, los concesionarios consideramos pertinente la asignación plural y planificada de permisos y concesiones. Si bien no nos oponemos a la existencia de distintos tipos de emisoras, se deben evitar nuevas figuras que se financien mediante fuentes comerciales, puesto que los prestadores de un mismo servicio responderían a reglas distintas”.

Afirmó que crear estaciones sociales como tercera figura de radiodifusión debe acompañarse de una clara definición de las estaciones sociales en términos de contenidos y financiamientos.

Resaltó que es de la mayor importancia que no comercialicen publicidad ni patrocinios para no generar condiciones de competencia desleal que vulneren la viabilidad de la industria de la radio.

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