En el marco de la entrega de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con motivo del análisis de la Cuenta Pública 2009, legisladores y el titular del órgano superior de fiscalización coincidieron en analizar los alcances legales, y en su caso, discutir reformas que permitan el juicio político en contra de funcionarios que causen perjuicios a la federación o los estados.

Durante su intervención, el diputado Sebastián Lerdo de Tejada (PRI) dijo que existe una franja de frustración entre las consecuencias de irresponsabilidades de servidores y la ineficacia de la Secretaría de la Función Pública para sancionarlos.

En este sentido, solicitó una opinión a la ASF respecto de la posibilidad de iniciar juicio político en contra de aquellos funcionarios que, de forma reiterada, violaran la ley y fueran reportados por dicho órgano de fiscalización.

Destacó que de acuerdo con la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, es procedente el juicio político en contra de secretarios de Estado y titulares de organismos descentralizados que hayan sido observados por la ASF en la fiscalización de la Cuenta Pública cuando constituyan omisiones graves a los imperativos de la Constitución o las leyes secundarias y que causen perjuicios graves a la federación, a uno o varios estados o la sociedad.

Lerdo de Tejada dijo estar convencido de que los reportes que dio la ASF acreditan violaciones sistemáticas y graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal, lo que evidencia no sólo el fracaso de las políticas públicas sino que reprueban el desempeño de este gobierno.
Por su parte, los diputados de Acción Nacional, Daniel Ávila Ruiz y Manuel Clouthier Carrillo, coincidieron en que los funcionarios que hagan uso indebido de los recursos, en cualquier nivel de gobierno, o de los Poderes de la Unión, deben ser sancionados.

“También nosotros, como legisladores, le debemos a la sociedad reformas pendientes para otorgar mayores facultades a la ASF y castigar con cárcel a los servidores públicos que malversan el dinero de todos los mexicanos”, señaló Ávila Ruiz.

Respecto de los juicios políticos, dijo que si existen los documentos probatorios se tienen que presentar las denuncias conforme a la ley, sea, quien sea, llámese el ejecutivo federal, estatal municipal o cualquiera de los tres Poderes.

En este sentido, pidió al auditor superior de la Federación revisar el caso del Estado de México, al que, dijo, se le practicaron 20 auditorías, de las cuales 15 fueron de dictamen negativo, 3 con salvedad y 2 sin novedad y, en su caso, iniciar los juicios políticos.

El diputado del PRD, Ramón Jiménez destacó que el origen de los grandes problemas está asociado al lento crecimiento económico, al tiempo que añadió que el modelo neoliberal sólo ha servido para llenar los bolsillos de los más ricos y de las grandes transnacionales y sumir al pueblo en la desgracia más profunda.

“Permanecemos en un círculo vicioso de lento crecimiento económico, desempleo y pobreza, falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes, el respeto al Estado de Derecho y deterioro de la seguridad pública. Aunado, el sector petrolero enfrenta una de sus peores crisis”.

El diputado Pablo Escudero Morales (PVEM) luego de reconocer la labor de la Auditoría Superior de la Federación, indicó que de poco servirá su trabajo si no se hace algo urgente con la Secretaría de la Función Pública.

Mencionó que a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación da vista a la Secretaría de la Función Pública respecto de acciones de responsabilidad de funcionarios, e imponer las sanciones correspondientes, se ha quedado en impunidad.

En 2008, concluyó, la ASF entregó a la SFP 439 acciones para fincar responsabilidades administrativas, de las cuales, 374 no se han resuelto y siguen en la congeladora; 65 se han resuelto y de éstas 64 resultaron con absolución. “Es decir, la Secretaría de la Función Pública ha absuelto el 99 por ciento de los expedientes que le turna la ASF”.

El diputado Mario Di Costanzo (PT) coincidió en que existe una ASF que denuncia; sin embargo, hay una Secretaría de la Función Pública que no hace nada. Dijo que persisten las dificultades para fiscalizar y para la rendición de cuentas. “Hemos visto malversaciones, corrupción y negligencia, que por una u otra causa no serán castigados por la falta de voluntad política del ejecutivo.

En tanto, la diputada de Nueva Alianza, Elsa María Martínez Peña manifestó que el esquema de fiscalización y revisión de las cuentas públicas está agotado, por lo que se pronunció a favor de reformas encaminadas a prevenir y sancionar los malos manejos.

A su vez, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, indicó que se explorará la posibilidad del juicio político, con base a una opinión que ha dado la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, lo cual tiene que ser analizado con detenimiento y cuidado.

Por otra parte, durante la recepción de las observaciones dijo que la fiscalización no tiene entre sus orientaciones principales, castigar a los culpables de los actos de corrupción, sino la mejora de la administración pública que permita superar los problemas estructurales que posibilitan las ineficiencias y los manejos ilegales de recursos.

Puso a consideración de los legisladores un número de acciones a realizar para la mejora del desempeño de la ASF. Entre otras, dijo, regular y supervisar las autorizaciones y actos jurídicos que se delegan a particulares en áreas estratégicas reservadas al Estado a través de concesiones, permisos, contratos o licencias.
Asimismo, profundizar en la construcción de sistemas de evaluación del desempeño con indicadores adecuados que den cuenta del uso de los recursos y del cumplimiento de objetivos y metas.

Legislar en torno del desfase en cuanto al desarrollo de las instituciones a nivel estatal y federal en materia de fiscalización superior y rendición de cuentas, así como mejorar la atención de los órganos internos de control respecto de la promoción de sanciones administrativas y recomendaciones formuladas por la ASF.

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