El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, recibió hoy un documento elaborado por los órganos colegiados sindicales del Congreso del Trabajo en el Estado de México, donde fijan su postura respecto a la reforma laboral.

Ramírez Marín consideró que es una postura “sumamente sensata y, sobre todo, solidaria y comprometida con el movimiento obrero”.

El secretario de Trabajo y Conflictos de la Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de México (COCEM), Óscar Moreno Moreno, acompañado por el diputado Armando Neyra Chávez, coordinador de la bancada obrera del PRI, explicó que la organización está de acuerdo en realizar las adecuaciones necesarias a la ley laboral “siempre y cuando la podamos discutir al interior del movimiento obrero mexiquense”.

En el documento, entregado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se plantea la realización de foros con intelectuales, académicos, estudiantes, obreros, empleados, líderes sindicales, abogados laboristas, diputados, senadores y los interesados en aportar y debatir estas ideas.

Se señala que si se busca igualar la legislación con otras que pagan por hora, se debe reevaluar el salario, “que realmente sea con carácter constitucional, que satisfaga las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, para prever educación obligatoria a los hijos”.

Además, incluir la creación del seguro de desempleo, a fin de dar certeza al trabajador de que las políticas públicas serán las adecuadas para el fomento y estabilidad laboral.

Asimismo, propone el establecimiento de la semana de 40 horas con pago de 48, en virtud de que en diversas partes del mundo se trabaja con 36 y 38 horas semanales, con pago de 48 horas, debido a que la producción es eficiente en lo cualitativo y lo cuantitativo.

En el texto se plantea la desaparición de la Dirección General de Registro de Asociaciones, por un Registro Público de Asociaciones y Sindicatos que actúe de manera autónoma, reacomodando al personal que haya mostrado amplia capacidad y sensibilidad en el trabajo.

En virtud de que la figura del outsourcing se emplea en países desarrollados para “mejorar” la producción y no necesariamente de “abaratar” la mano de obra, se pretende que esté perfectamente regulada.

Plantea que se tipifique como delito contra el trabajo y la previsión social el mal uso de dicha figura, por no ser el trabajo un artículo de comercio, sino un derecho y deber social; de tal manera que realice un pago solidario de prestaciones sociales, como IMSS, INFONAVIT y SAR.

La contratación, señala el documento, deberá ser colectiva y permanente para que el trabajador pueda generar antigüedad y aspirar a un régimen de jubilaciones y pensiones “otorgando una garantía o el establecimiento de un fideicomiso que salvaguarde los derechos de los trabajadores en el caso de una indemnización o para la aplicación de su régimen de jubilación y pensión”.

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