• El titular de la SRA asegura que no hay preferencias políticas para repartir recursos

Diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria se reunieron con el secretario del ramo, Abelardo Escobar Prieto, a fin de conocer el avance de los programas que se impulsan y con ello fortalecer el campo mexicano.

El presidente de la instancia, diputado Oscar García Barrón (PRI), afirmó que el campo mexicano necesita de instituciones fuertes para entregar resultados positivos, “tenemos el compromiso de fortalecerlas, tanto en el aspecto humano como material y para eso se requiere de apoyos económicos”.

Subrayó que la Comisión está comprometida con los productores nacionales y que se necesita de una Secretaría fuerte capaz de dar solución a todos los conflictos agrarios, por lo que se trabajará para obtener mayores presupuestos.

Manifestó el compromiso en coadyuvar con la dependencia en la solución de los problemas del sector agrícola, “buscaremos fortalecerla para solucionar un número mayor de conflictos”.

El diputado Víctor Manuel Galicia Ávila (PRI) consideró que son muchas las quejas en el sentido de que se sigue practicando el prevaricato en la Procuraduría Agraria. “No sabemos que la Secretaría haya hecho algo por evitar estas acciones que a todas luces son irregularidades y sólo ahondan los conflictos en las comunidades ejidales”.

Por su parte, la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (PRI) mostró su preocupación respecto de cómo se desarrollan los programas y la procuración de la justicia agraria y preguntó bajo qué criterios se han tomado. “No conocemos el criterio con que se ventilan y se califican estos proyectos productivos y no hemos visto transparencia ni claridad para saber quién califica y dónde están los recursos”.

El diputado Rafael Rodríguez González (PRI) precisó que la zona urbana ejidal carece de algún sustento, “me ha tocado ver comisionados corruptos que se alían con algún alcalde y ven un terreno que tiene un gran potencial y al pobre ejidatario que tiene mil metros cuadrados o cinco mil se los cercan y se lo quitan”.

En tanto, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN) pidió precisar cuál es el objetivo de la modernización del catastro rural nacional y cuál es el mayor reto para el sector agrario y hacia dónde habría que encaminar los esfuerzos de los legisladores.
El diputado Benigno Quezada Naranjo (PAN) cuestionó si se tiene ya formulada una estrategia de priorización de ejidos para la solución de la medición y la certificación.

De igual forma, el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN) preguntó cuál ha sido el principal obstáculo en la resolución de conflictos sociales en el medio rural; cómo se ve reflejado el avance en esta materia; qué trascendencia ha tenido dar asesoría y representar legalmente a campesinos en juicio y procedimientos agrarios.

Fernando Santamaría Prieto (PAN) detalló que la SRA representa una institución fundamental del desarrollo del país. “Hemos sido impulsores de que la Reforma Agraria continúe porque creemos que en un país donde el 52 por ciento de la tierra es social tiene un papel fundamental con sus sectores”.

El diputado Luis Hernández Cruz (PRD) cuestionó sobre los subejercicios en 2010, toda vez que “el gasto de la Secretaría de la Reforma Agraria fue de 4 mil 953. 8 millones de pesos, ¿por qué no se gastaron los 5 mil 195.1 millones de pesos que se autorizó para el ejercicio fiscal 2010”.

Durante su intervención, el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, señaló que en la dependencia a su cargo se trabaja para resolver los conflictos sociales en el medio rural y alcanzar la certificación de la propiedad rural.

“Estamos convencidos de que el modelo de desarrollo para el campo mexicano debe promover entre los núcleos agrarios el acceso a la educación, a la información, a los mercados, a las actividades productivas rentables, a la innovación tecnológica con prioridad en los jóvenes, las mujeres y la población indígena”.

Escobar Prieto comentó que con los programas existentes y los recursos asignados se labora para “proporcionar las herramientas que las familias del campo requieren, a fin de incorporarse al desarrollo productivo del país”.

Al hablar sobre la aplicación del presupuesto para el 2011, el funcionario estableció que de un universo de 31 mil 628 núcleos agrarios se han certificado los derechos de propiedad de 29 mil 74, con la entrega de 10 millones de documentos que garantizan la propiedad.

“Para este año tenemos un presupuesto de 650 millones de pesos, con una meta de medición de 600 ejidos y la certificación de 488; estamos trabajando conforme a lo programado”.

Explicó que la Auditoría Superior de la Federación concluyó que los programas de la SRA “contribuyen a la paz social en el campo, a crear mejores condiciones para atraer inversión y facilitar el traslado de los derechos sobre la tierra”.

Escobar Prieto agregó que de diciembre de 2006 a marzo de 2011 se han emitido 10 mil 986 títulos, de los cuales el 99 por ciento corresponden a titulación social; es decir, su costo fue cubierto con recursos públicos. “Sólo 92 títulos se han expedido de forma onerosa”.

Sobre las reglas de operación y el manejo transparente de los recursos, el funcionario expresó que en la SRA no hay ni habrá preferencias de tipo político, personal o electoral para la asignación de los recursos de los programas que manejan.

Enfatizó que el mayor reto es la regularización de los ejidos, “dos mil 565 ejidos que están pendientes por varias razones, unos porque no quisieron, otros porque tiene algún asunto en un tribunal o porque tienen un conflicto interno. La mayor parte son en Chiapas, 760 ejidos, y Veracruz”.

El secretario de la Reforma Agraria mencionó que si bien se ha avanzado mucho se tiene una tarea importante en la solución de los conflictos.

“Estamos conscientes que el reparto de la tierra no fue el fin último de la lucha revolucionaria; era un instrumento para que la gente pudiera tener una vida más digna; esa es una deuda que tenemos como gobierno y así debemos entenderlo, de llevarle a esa gente los apoyos necesarios, generar políticas públicas, créditos, regularización y paz social”.

Puntualizó que se deben dar los recursos para detonar proyectos productivos, pero “el gobierno no tiene los suficientes recursos para generar todas las inversiones que se requieren para que esa gente pueda detonar sus proyectos”, concluyó.

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