Los diputados integrantes de la Comisión especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México, se reunió con funcionarios del gobierno federal para conocer los avances en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso “Campo Algodonero”.

La presidenta del órgano legislativo, Teresa Incháustegui Romero (PRD) dijo que el objetivo es tener información directa de lo que las instituciones federales hacen para dar cumplimiento a dicha sentencia.

El 10 de diciembre del año pasado, cuando se cumplió el primer año de la sentencia, agregó, el gobierno del Presidente Felipe Calderón entregó a la Corte Interamericana un informe en el que pormenorizaba los avances que a su juicio se lograron en cada uno de los resolutivos en los que debía haber cumplimiento inmediato o en un tiempo razonable.

La legisladora cuestionó cuáles son esos avances, qué falta por hacer y de qué manera se puede acelerar el paso, renovando el compromiso de las autoridades para dar cumplimiento cabal de los resolutivos de la Corte.

Omeheira López Reyna, titular de la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el gobierno mexicano asume la responsabilidad de dar cumplimiento a las sentencias internacionales, así como a los principios del marco jurídico internacional.

En este sentido, recordó, la Corte Interamericana ha condenado al Estado mexicano en cinco casos: el de Castañeda Gutman, en el que se le ordenó la reparación del daño por un pago de 7 mil dólares; en el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo, 228 mil dólares; en el de Rosendo Radilla Pacheco, 238 mil 300 dólares; en el de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, 131 mil 715 dólares; mientras que en el caso de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, del Campo Algodonero, fue condenado a pagar 851 mil 350 dólares.

Refirió que con la asignación presupuestaria de 30 millones de pesos por parte del Congreso, el gobierno federal inició el pago de la reparación del daño de todos esos casos con lo que da cumplimiento total a las sentencias en la materia económica.

En cuanto a los demás resolutivos de la CIDH del caso del Campo Algodonero, dijo, se han generado y coordinado mesas de trabajo con autoridades federales y estatales, víctimas y defensores, a efecto de establecer una ruta crítica para cumplir con lo ordenado por el organismo internacional.

Precisó que en la entidad también se implementa el nuevo sistema de justicia penal y con el objeto de dar seguimiento y acatar las resoluciones, el gobierno de Chihuahua recibió un millón 23 mil pesos para capacitar a operadores públicos.

Destacó que entre el 25 y 26 del presente mes se darán a conocer los resultados de las averiguaciones previas en contra de funcionarios involucrados en las diligencias irregulares del homicidio de las tres jóvenes en Ciudad Juárez.
Laura Carrera Lugo, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación, dijo que esta semana la instancia inició un diplomado en derechos humanos y la prevención de la violencia de género, dirigido a las y los operadores del sistema de justicia de Chihuahua.

Lo anterior, en respuesta al resolutivo 22 de la sentencia de la CIDH, de brindar “capacitación con perspectiva de género” a funcionarios y población en general de esa entidad.

Por otra parte, informó que en las próximas semanas se efectuará un foro para presentar a los congresos de los estados, a las comisiones de Justicia, una propuesta de armonización legislativa de los códigos penales procesales.
“Se están haciendo más de 2 mil 500 reformas a sus artículos y una de las cuestiones que incluye es la definición penal del feminicidio, además de que se crearán centros de justicia para atender la violencia contra las mujeres”, precisó.

Jorge Lara Rivera, subprocurador jurídico y de asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, refirió que en cumplimiento de la sentencia de la CIDH, se concluyó el protocolo base de aplicación a los casos de violencia sexual, desaparición y homicidio de mujeres por razones de género, el cual contiene las mejoras señaladas por las asistencias técnicas en materia de derechos humanos de México y la Unión Europea, mismo que se pondrá a consulta, con lo que se completan los tres protocolos requeridos.

Informó que hay avances sustantivos en la homologación informativa entre las procuradurías de los estados y la PGR de los casos de feminicidios aunque reconoció que no está concluida la base de datos. “Pero sí tenemos la capacidad como Ministerio Público de recabar todo tipo de tejidos, fluidos y cualquier otro tipo de fibra biológica que aporte material genético”.

Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó que el gobierno mexicano ha presentado una información amplia respecto al caso Campo Algodonero.

“Ha cumplido con los estándares que marcó la corte y se ha hablado en los temas de reparación, de capacitación, de las reformas a los códigos penales”.

Señaló que de manera complementaria, la Corte lleva a cabo la verificación del cumplimiento de la sentencia. “Es decir, el Estado se encuentra obligado a informar periódicamente a la CIDH, como se hizo en diciembre pasado”.

La Fiscal Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Irene Herrerías, habló en torno a la desaparición de mujeres, que en el caso de Ciudad Juárez, dijo, muchos de los casos tienen que ver con la delincuencia organizada.

“Un ejemplo de ello son siete de los últimos expedientes que están ampliamente documentados y que fueron turnados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada de Delincuencia Organizada (SIEDO).

Al final de la reunión, la diputada Incháustegui Romero mencionó que aunque se registran avances, éstos son de manera marginal; sin embargo, agregó, se ha abierto un nuevo espacio de trabajo que deberá ser aprovechado de la mejor manera y de buena fe porque “esto no se acaba aquí”.

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