El diputado Guillermo Cueva Sada (PVEM) pidió a la secretaría de Hacienda y Crédito Público que los subejercicios en los presupuestos de las dependencias resulten de los informes de la Cuenta Pública 2010 y de lo ejercido a junio de 2011, sean reasignados a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Con esta medida, dijo, se busca alcanzar los 10 mil millones de pesos, pues ante el clima de inseguridad y violencia “la Sedena y Semar son las únicas instituciones que garantizan la gobernabilidad en algunas regiones”.

Puntualizó que es imperiosa la necesidad de fortalecer a las fuerzas armadas para brindarles el equipo, personal, capacitación y estímulo necesario para seguir en su titánica labor de lucha contra el crimen organizado y apoyo a los mexicanos en situaciones de crisis o desastre.

Es necesario –añadió- el apoyo a las fuerzas policiacas mediante las Fuerzas Armadas de México para combatir delitos como tráfico de armas, de estupefacientes, lavado de dinero, secuestro y tráfico de personas, así como las diferentes expresiones de violencia que éstos ocasionan en los estados y que son de profundo impacto.

Informó que para el ejercicio fiscal 2011 se consideraron 68 mil millones de pesos para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para dotar a estas secretarías de materiales y suministros, infraestructura, equipos, accesorios, medios de transporte para cumplir sus funciones de protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales.

Sin embargo, dadas las restricciones presupuestarias y ante las necesidades de la población, diversas dependencias y entidades de la administración pública, no fueron dotadas de suficientes recursos.

En este sentido, la Sedena y la Semar requieren adquirir mayores equipos para cumplir con sus funciones de resguardo a la población y combate al crimen organizado, argumentó Cueva Sada.

Asimismo –indicó- es importante considerar que este Congreso de la Unión ha realizado innumerables acciones por acrecentar el fortalecimiento de mecanismos que garanticen la eficacia, eficiencia, honestidad, transparencia y racionalidad del manejo, uso y aplicación de los recursos públicos por parte de los ejecutores del gasto.

Para tal fin ha impulsado la modernización del marco normativo para crear leyes, instituciones y organismos de control y vigilancia, para velar por el correcto ejercicio del gasto público y darle certidumbre y confianza a los lineamientos y procedimientos de fiscalización y transparencia en el destino, uso y aplicación de los recursos públicos, apuntó.

No obstante ello, los ejecutores del gasto proceden bajo directrices que permiten la discrecionalidad y opacidad en el ejercicio de la función pública, lo cual ha llegado a ser reportado en numerosas ocasiones por la Auditoría Superior de la Federación, manifestó.

“Nos llama la atención que los subejercicios presupuestales injustificados son constantemente recurrentes, por cuanto a la inaplicación del gasto en tiempo y forma”, puntualizó.

Esta acción u omisión que contraviene el principio de eficiencia del gasto se ha convertido en un gran problema derivado principalmente de la ineficiencia de los servidores públicos y de prácticas dilatorias en la aplicación del gasto por razones no justificadas, agregó.

Aseveró que el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de cumplir estrictamente con los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias en los términos de las disposiciones aplicables, además de que el propósito de entrega de informes trimestrales a la Cámara de Diputados es con la finalidad de evitar la acumulación de saldos o subejercicios.

Recordó que cuando se registren recursos que no se han destinado en tiempo y forma, esa la ley señala que deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales; de lo contrario, dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos.

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