La Comisión de Economía acordó crear un grupo de trabajo, junto con la Comisión de Energía, para analizar el tema de los litros incompletos de gasolina y conocer el procedimiento de fijación y aplicación de tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El secretario de esta Comisión, diputado José Luis Velasco Lino, afirmó que no hay un mecanismo que dé la certeza de que efectivamente se venden “litros de a litro” en gasolineras.

El diputado Guillermo Raúl Ruíz de Teresa (PRI) indicó que es necesario conocer en qué momento, en qué lugares y de qué manera se aplican determinadas tarifas, para tener una propuesta de estructura tarifaria en materia de suministro de electricidad.

A su vez, el diputado David Penchyna Grub (PRI) propuso que se exhorte a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que envíe la estructura de la construcción tarifaria de los diferentes servicios públicos del gobierno federal.

“No nos la van a mandar porque no hay estructura tarifaria, lo que hay es una política fiscal a través de los precios y tarifas; pero pidámosla, pues el país merece saber cuánto paga por un kilowatt de luz o por un litro de gasolina”.

Reconoció que la facultad de fijar estos precios y tarifas es del ejecutivo federal y “la facultad del Legislativo cuando menos es pedirle con base en qué fija precios y tarifas y que nos dé la estructura”.

En la reunión se aprobó el dictamen a la minuta que reforma diversas disposiciones en materia de acciones colectivas, a fin de cambiar conductas antijurídicas de las sociedades mercantiles, así como las malas prácticas gubernamentales y de particulares que afectan a grandes sectores de la sociedad.

El presidente de la Comisión, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, indicó que esta reforma responde al cambio constitucional realizado hace casi un año, que obligaba a impulsar la reforma a la ley secundaria para regular esa materia.

Las reformas son al Código Federal de Procedimientos Civiles; al Código Civil Federal; a las leyes federales de Competencia Económica, de Protección al Consumidor; a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y la de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

El dictamen señala que con la figura de las acciones colectivas las empresas del sector privado, el gobierno o los particulares evitarán vulnerar o transgredir derechos, “pues sabrán que las personas que sufran esas violaciones podrán agruparse y reclamar la protección de sus derechos por la vía jurisdiccional. Lo que se busca es que prevalezca el beneficio colectivo y no el particular”.

Se indica que si la ley propicia las condiciones para conjuntar a todas las personas cuyos derechos han sido violentados y se permite su organización para lograr su defensa y protección adecuada, habrá una posibilidad real de hacer justiciables los derechos de las personas, en lo individual y como miembros de la colectividad.

Una vez aprobado, el dictamen fue enviado a la Comisión de Justicia para continuar con su proceso legislativo.

También se aprobó el dictamen a una minuta con proyecto de decreto para adicionar un párrafo tercero al artículo 1424 del Código de Comercio en materia de arbitraje, que impacta aspectos del sector turístico e impulsa que, en caso de controversia entre proveedores y clientes, se establezca el arbitraje previo antes de llevar la resolución a través de un juicio formal. Ello dará la posibilidad de acuerdos para facilitar procesos entre oferentes y consumidores.

Por otra parte, se avaló el dictamen a la iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, relativas al procedimiento de suscripción pública para la constitución de las sociedades anónimas, así como las referentes a los bonos del fundador, acciones especiales de trabajo y acciones de goce, por tratarse de disposiciones que están en absoluto desuso y fuera de aplicación real.

En la reunión de trabajo también se aprobó un dictamen con punto de acuerdo para exhortar al ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a enfocar los programas a su cargo, a diversificar la economía en la región de la frontera norte del país; promover y fomentar las vocaciones productivas; impulsar el desarrollo de éstas; así como difundir e impulsar el modelo de franquicias regionales en el territorio nacional y en el extranjero.

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