Diputados del PRI, PAN, PRD y PVEM que integran la Comisión de la Función Pública, manifestaron su respaldo a la minuta del Senado que expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, durante una reunión con representantes de cámaras industriales, de comercio, empresariales y del Colegio de Abogados,

El presidente de este órgano legislativo, Pablo Escudero Morales (PVEM), dijo que existe la preocupación por la forma de actuar de la Secretaría de la Función Pública, la cual “está inmersa en serios actos de corrupción y es a la que se pretende otorgar mayores facultades con dicha ley”.

Citó como ejemplo el caso de la empresa constructora GUTSA, misma que, dijo, estuvo inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública a consecuencia de diversas irregularidades e incumplimientos en las obras de la Autopista del Sol.

Pese a ello, agregó, recientemente se le adjudicó una obra de mil millones de pesos para la construcción de un arco de luz y lo más grave es que dicho contrato fue otorgado por el fideicomiso en el que participa la Secretaría de la Función Pública.

Refirió que de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación, a la dependencia federal le fueron entregados en 2009 cerca de 600 expedientes para sancionar a servidores públicos que fueron señalados por irregularidades en la Cuenta Pública 2008.

“La dependencia ha resuelto únicamente 65 expedientes y en 64 de éstos absolvió a los servidores involucrados en el mal manejo de los recursos públicos”.

Otro caso más, dijo, es la reciente resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) en contra de la Secretaría de la Función Pública “que desde mi punto de vista es gravísima” y que es en torno a la negativa de entregar al organismo de transparencia la información correspondiente a las cuentas del ex presidente de la República Vicente Fox Quesada, turnándola en su lugar, a la Procuraduría General de la República (PGR) en un acto de ocultamiento de la información.

“El IFAI en su resolución señala que ‘el comportamiento de la Secretaría de la Función Pública es doloso y negligente’. ¿Y a esa secretaría es la que le vamos a dar las funciones? No es por lo que dice la Cámara de Diputados o la Auditoría Superior de la Federación, o lo que señala el IFAI, es algo que obliga a preguntarse qué está pasando en esa dependencia”.

En la reunión, el diputado Armando Ríos Piter, coordinador del PRD, manifestó su respaldo a la minuta para erradicar “el famoso diezmo o mordida” que va, dijo, de entre el 10 y el 15 por ciento en las licitaciones otorgadas en los distintos niveles de gobierno, lo que le cuesta al país más del 4 por ciento del PIB, equivalente a 400 mil millones de pesos.

“Dicho diezmo representa casi el total de lo que se asigna al Seguro Popular de Salud, por lo que nuestro grupo parlamentario va a empujar la minuta y votarla a favor”, subrayó.

En este mismo sentido se manifestaron los diputados Josue Cirino Valdés Huezo y Marcela Guerra Castillo, del PRI, quienes señalaron que el tema de la corrupción debe tener la atención prioritaria de los legisladores y en particular, de la Comisión de la Función Pública.

Valdés Huezo indicó que la minuta presenta cosas positivas, como el hecho de sancionar a las dos partes de la corrupción, “al que ofrece como al que acepta” y no únicamente a los funcionarios, además de que corresponsabiliza a la empresa y a la persona moral.

Por su parte, los diputados del PAN, Kenia López Rabadán y Enrique Torres dijeron estar a favor de las manifestaciones que piden la aprobación de la ley anticorrupción, por lo que exhortaron a los grupos parlamentarios a dictaminar cuanto antes la minuta e incluso aprobarla tal cual fue enviada por el Senado para no demorarla más.

En tanto, los representantes de Canacitra, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara de Comercio Internacional y el Colegio de Abogados, solicitaron que la minuta sea aprobada por los legisladores, al externar que la corrupción se ha convertido en un flagelo que daña la competitividad de las empresas y su inversión.

Roberto Zavala Chavero, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, dijo que la contratación pública alcanza entre un 25 y 30 por ciento del PIB, y en este contexto, la ley anticorrupción que se revisa en la Cámara de Diputados responde a una necesidad internacional que busca erradicar la corrupción y sancionar las malas prácticas de servidores públicos y particulares.

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