La Subcomisión de Consenso y Dictamen de la Reforma Laboral continuó con las audiencias públicas para recoger las opiniones de diversas organizaciones obreras, en la que abordaron los temas de las empresas de terciarización, seguro de desempleo, liquidaciones en mejores condiciones, trabajo juvenil, respeto a la autonomía sindical, al contrato colectivo de trabajo y el derecho a huelga, entre otros.

El coordinador de esta Subcomisión, diputado Armando Neyra Chávez (PRI), señaló que las audiencias públicas buscan que los líderes de los trabajadores, “con su conocimiento de la constitución, de la Ley Federal del Trabajo y de la contratación colectiva, nos auxilien para que, con tranquilidad y el tiempo suficiente, podamos elaborar un anteproyecto de dictamen que se pueda consensuar con las demás fuerzas políticas”.

En su oportunidad el diputado Amador Monroy Estrada (PRI), reconoció que es una gran responsabilidad enfrentar “el embate de la burguesía contra los derechos de los trabajadores; afortunadamente, no nos han ganado, no los hemos dejado avanzar, pues ha habido solidaridad de los partidos identificados con el movimiento obrero y el proletariado del país”.

Señaló que se debe impulsar el seguro de desempleo, además de la iniciativa la Ley de Ayuda Alimentaria, para que sea obligatoria para el patrón y que la capacitación sea permanente y calificada.

Con estas consultas, dijo, vemos que el movimiento obrero organizado del país no sólo es fuerte y está preocupado, sino que viene a manifestarlo aquí, donde se construirá el marco jurídico laboral que regirá a los trabajadores.

El secretario general de la CROC de Morelos, Rafael Salgado Sandoval pidió que se ponga especial análisis en el trabajo juvenil; que no se toque el artículo 123 constitucional, que consagra el derecho de la contratación colectiva y pago de prestaciones económicas y sociales; además que se regule el outsourcing.

A su vez, Eduardo Miranda Ibarra, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Ensambladora Automotriz, Electrónica y Comunicaciones Eléctricas, planteó que se reglamente la operación de las empresas que se dedican a la subcontratación y además que se establezcan sanciones económicas y penales en caso de que no cumplan con los mínimos de ley que corresponden a los trabajadores.

Mario Moreno Carvajal, secretario general de la Federación de Obreros y Campesinos, refirió que es necesario que el capítulo de sanciones y responsabilidades en la Ley Federal de Trabajo sea más enérgico en su aplicación.

Planteó, además, que el salario mínimo sea decretado por el Congreso de la Unión, “y debe fijarse por encima del índice de la inflación; debe ser una cantidad mínima que permita al trabajador y su familia el alimento, el techo, la educación y el sano esparcimiento”.

Participaron también, Gabino Xochicalli Zaldívar, presidente de la Coordinación Croquista en el Estado de México; Fermín Lara Jiménez, secretario general de la Federación Textil y presidente de la Unión Nacional Textil, así como Hugo Ramos Ramírez, secretario de Estadística y Propaganda de la Unión Nacional de la Industria Alimenticia.

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