La presidenta de la Comisión Especial de Desarrollo Regional del Sur-Sureste, diputada Sofía Castro Ríos (PRI) planteó reformas a los artículos 76 y 117 de la Constitución Política para establecer como facultad exclusiva de la Cámara de Senadores el aprobar las solicitudes de endeudamiento de las entidades federativas, sólo si es destinada a infraestructura que detone desarrollo.

La escaza normativa legal en materia de endeudamiento de las entidades y municipios, se indica en la iniciativa, ha contribuido a que se dé un disparo desproporcionado en la contratación de deuda, situación que podría poner en riesgo la viabilidad financiera de los estados en el mediano o largo plazo.

Se añade que la deuda contraída por gobiernos estatales, abundó, se ha convertido en una forma de generar crisis y en detonadora de diversos problemas financieros, principalmente en los municipios, como son el canalizar las partidas al pago de los intereses y cubrir la deuda, la insolvencia de fondos y la contratación de más deuda para subsanar los faltantes.

En términos generales, se menciona, la deuda hasta ahora no es preocupante para la economía en general, porque representa menos de 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); sin embargo, sí lo es porque algunos estados y municipios duplicaron su deuda en un periodo corto.

En la iniciativa presentada ante la Comisión Permanente se precisa que cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las 32 entidades federativas incrementaron, en 2009, 19.1 por ciento su deuda pública y comparado con el 2008, ésta representó en todos los estados el 60 por ciento de las participaciones fiscales promedio del año.

Informes recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detallan que la deuda de las entidades federativas aumentó 25 por ciento en el último año, al pasar de 252 mil 153 millones en 2009 a 314 mil 858 millones de pesos al cierre de 2010.

Se añade que por la deuda pública adquirida en 41.0 por ciento de los estados del país, las entidades dejan en garantía “sus participaciones federales”, a nivel nacional y compromete los ingresos en el corto o en el largo plazo.

De acuerdo con la SHCP, hasta junio de 2010 los estados tenían una deuda de 269 mil 797 millones 900 mil pesos. Las tres entidades con mayor endeudamiento son el Distrito Federal (49 mil millones 340 millones de pesos); Estado de México (32 mil 862 millones de pesos), Nuevo León (29 mil 545 millones 100 mil pesos).

De las entidades que no tienen deuda o es menor a mil millones de pesos, destacan Tlaxcala, que no debe nada, Campeche con 42 millones 700 mil pesos, y Morelos, con 909 millones 900 mil pesos.

Castro Ríos subraya en el documento que en el país se ha registrado una tendencia por el endeudamiento que de seguir a esos ritmos en pocos años pondrá en riego de manera contundente las finanzas de los estados con eventuales repercusiones en el largo plazo para los fondos federales.

Se enfatiza que los estados no cuentan con ordenamientos legales y normativos para que tengan la obligación de llevar un registro pormenorizado de su deuda, de todos sus tipos y plazos. “La falla en la rendición de cuentas está principalmente en la falta de leyes estatales de contabilidad gubernamental”.

El hecho de que las entidades no estén obligadas a publicar detalles sobre sus finanzas públicas, se destaca, podría incentivarlos a que sigan endeudándose, debido a que el sistema tributario está sumamente centralizado al asignar pocas responsabilidades a los municipios y estados.

Por ello son necesarias reformas a los artículos 76 y 117 de la Constitución Política, para que los estados solo puedan contraer deuda pública si la Cámara de Senadores lo autoriza y evalúe si las necesidades de endeudamiento son reales.

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