La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos analiza una iniciativa del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), cuyo objetivo es que las escuelas adopten un código de conducta que tenga como fin prevenir, atender y erradicar la creciente práctica del bullying.

La iniciativa, que adiciona un párrafo al artículo 71 de la Ley General de Educación, plantea que la autoridad educativa elabore un programa que incluya la capacitación del personal docente, para la detección oportuna de la violencia entre alumnos.

Refiere que durante 2010, en la Ciudad de México 190 jóvenes se suicidaron a consecuencia de la violencia escolar. Asimismo, 4.6 por ciento del alumnado reporta haber sido lastimado físicamente por compañeros; 1.3 por ciento de estas peleas continúan fuera de las instalaciones escolares, donde las víctimas son amenazadas con armas.

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, dos de cada diez alumnos son objeto de burlas y cuatro de cada diez sufren robos en escuelas primarias y secundarias.

Advierte que la detección del bullying se presenta frecuentemente de forma tardía, llegado el punto en que los efectos nocivos de la agresión resultan ser inocultables y han causado un daño severo.

Algunos de los síntomas del bullying son la depresión, la agresividad hacia los padres, un descenso repentino en el promedio escolar e inasistencia a clases por razones aparentemente inexplicables.

Agrega que 31.7 por ciento del alumnado se aísla y tiene problemas para integrarse al entorno social, debido a que son víctimas de agresores que desprestigian su imagen y honor, dañando su integridad moral. Mientras que el 30.6 por ciento del alumnado es receptor de apodos desagradables que los ofenden y ridiculizan.

Subraya que seis de cada 100 alumnos dicen que sus compañeros agresores les destruyen objetos personales; cinco de cada 100 son víctimas de robo, y tres de cada 100 sufren chantajes y amenazas de alumnos que les obligan a realizar actos en contra de su voluntad. Además, dos de cada 100 alumnos se han sentido acosados sexualmente por alumnos y docentes.

El programa deberá incluir los procedimientos a seguir en caso de la ocurrencia de cualquier forma de violencia entre alumnos; la realización de actividades entre el personal docente, alumnos y padres de familia que favorezca el desarrollo pleno de una vida libre de violencia en la escuela y los mecanismos de evaluación que permitan medir los resultados del programa.

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