• Erradicar trabajo infantil propicia beneficios económicos siete veces superiores a los costos

La diputada Elsa María Martínez Peña (NA) propuso una iniciativa que prohíbe la utilización del trabajo de los menores de quince y dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, y que reforma el artículo 123 de la Constitución.

También la legisladora planteó que los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta ley.

Así, precisó, los trabajadores a partir de los quince años cumplidos necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector del trabajo o de la autoridad política.

La diputada consideró que el trabajo de los niños es una grave violación a los derechos elementales de la infancia, ya que en México, según los últimos resultados publicados, hay 3 millones 647 mil 67 trabajadores entre 5 y 17 años, de un total de 29 millones 203 mil 394 niños y niñas en este mismo rango de edad. Esto significa que el 12.5 por ciento de la población infantil en esos niveles de edad está trabajando.

Argumentó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) afirma que la educación de los niños, niñas y adolescentes resulta rentable individual y socialmente.

El organismo recomienda que este sector se dedique al estudio al menos de 10 a 12 años y preferentemente a un nivel de educación secundaria completa, porque ello se traduciría en 80 por ciento de probabilidad de no caer en la pobreza.

La Cepal reveló que por cada año menos de educación básica, se refleja en un 10 por ciento menos de ingresos en la vida adulta; y si trabajan y no asisten a la escuela, pueden percibir hasta seis veces menos ingresos que los que sí asistieron.

A su vez, un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha puesto de manifiesto que la erradicación del trabajo infantil en las economías en transición y en desarrollo, puede generar beneficios económicos casi siete veces superiores a los costos, especialmente asociados con las inversiones en una mejor escolaridad y en unos mejores servicios sociales.

Cuando se decide la incorporación de los hijos al trabajo productivo, a sumar su trabajo al resto de la familia con el fin de “salir adelante”, al carecer de escuela se esfuman las posibilidades de tener un empleo bien remunerado y quedan atrapados en un trabajo que no les da la posibilidad de elevar su calidad de vida, perpetuando la desigualdad social.

Se ha demostrado en diversos estudios que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, mismo que perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando a los hijos de los pobres fuera de la escuela y limitando sus posibilidades de ascender en la escala social.

Martínez Peña destacó que una grieta en la actual legislación permite el trabajo desde una edad que no es recomendada por la OIT, la cual es un factor determinante, ya que provoca que los niños que no han acabado su educación básica entren a trabajar y tal vez nunca dejen de hacerlo, renunciando a la actividad educativa.

Informó que la mayor parte de los niños y las niñas que trabajan ha cumplido los 14 años y representa el 69 por ciento, pero 31 de cada 100 tienen entre 5 y 13 años.

Es decir, precisó, 31 por ciento de todos los trabajadores infantiles -casi la tercera parte- no tiene la edad mínima establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por la Ley Federal del Trabajo, por lo que no es la mejor recomendada para la incorporación a las actividades laborales.

Especificó que en el conjunto de la población de 5 a 17 años que trabaja, 67 por ciento son niños y 33 por ciento niñas.

Asimismo, la diputada puntualizó que por cada niño o niña de la ciudad que trabaja y tiene menos de 14 años, hay aproximadamente 3 que se encuentran en esta misma situación en las zonas rurales.

La duración de la jornada laboral representa también una clara amenaza para el pleno goce de los derechos de los niños y las niñas cuando interfiere en el proceso de aprendizaje –asistencia a la escuela y desempeño escolar–, o impide el ejercicio de otras actividades, como el juego, enfatizó.

Subrayó que en el país, el 35.5 por ciento de los trabajadores entre 5 y 17 años dedica a éste un mínimo de 35 horas a la semana, lo que significa un promedio de 5 horas diarias trabajando todos los días de la semana ó 7 horas si lo hacen de lunes a viernes; a esto se le agrega que 14 de cada 100 niños y niñas que trabajan no tienen un horario regular.

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