La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se reunió con el coordinador Sectorial de Planeación y Administración de la Subsecretaría de Educación Media Superior, Alberto García de León, quien presentó una propuesta para distribuir los recursos destinados a los bachilleratos estatales que no cuentan con subsidio federal.

El presidente de la instancia, José Trinidad Padilla López, precisó que habrá comunicación fluida por parte de los integrantes de la Comisión y la Subsecretaría de Educación Media Superior, de la Secretaría de Educación Pública, para darle seguimiento y se pueda apoyar a los bachilleratos estatales.

Por su parte, el diputado Elpidio Concha Arellano (PRI) afirmó que la comisión trabajó en dotar de recursos a bachilleratos que no reciben recursos federales, para apoyar a la educación de estados como Oaxaca, Chiapas y Veracruz que presentan alto grado de migración. “Es indispensable contribuir a rescatar jóvenes que no contaban con una opción educativa cercana”, recalcó.

Refirió que se aprobaron 100 millones de pesos para apoyo de dichas instituciones, por lo que es necesario vigilar que se apliquen correctamente esos recursos, sobre todo en instituciones que se encuentran en lugares marginados.

García de León destacó la importancia de intercambiar puntos de vista y conocer la intención del Congreso con relación a la asignación de estos recursos, para potenciar las formas de distribución y evitar que haya una asignación inadecuada.

Propuso que los estados que requieran esa ayuda firmen un convenio de subsidio no regularizable, esto por la naturaleza de los fondos, entre la federación y los gobiernos. Con ello se tendría la facilidad de radicalizar los recursos para que las entidades puedan realizar obras o requerir equipo.

“Se está buscando fortalecer los mecanismos de planeación a nivel estatal con base en lineamientos que contemplan la priorización de las obras, en función del desgaste de los edificios o el grado de carencias del equipo”, informó.

Además se realizarán visitas de supervisión que aseguren el cumplimiento de las obras, para ello los estados tendrán que cumplir con ciertas disposiciones, “ya que uno de los problemas que se presentan es que no hacen bien su cierre, quedando en limbos jurídicos las obras ejecutadas”, advirtió.

Dijo que se está iniciando un proceso de conciliación de propuestas con los estados para el manejo de dos fondos: infraestructura y ampliación a la cobertura para después proceder a firmar el convenio.

La firma de éste convenio pretende usarse como un mecanismo para el control de los subsidios, a fin de establecer una fórmula adecuada para una distribución equitativa abarcando más estados y zonas.

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