• Efectiva protección a la mujer agredida y actuar contra feminicidios, principales peticiones sociales ante diputadas

Al clausurar los trabajos del “Foro Nacional en Materia de Acceso a la Justicia para las Mujeres”, especialistas, académicos, representantes de ONG´s y legisladores coincidieron en la urgencia por homologar las leyes estatales para garantizar el acceso de las mujeres a un sistema integral de justicia.

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Humberto Benítez Treviño (PRI), informó que la instancia a su cargo buscará incluir todas las iniciativas en un sistema integral; “sin duda, las opiniones de todos los participantes enriquecerán el proyecto de dictamen”.

Precisó que durante el actual receso, este órgano legislativo continuará trabajando, a fin de que en septiembre “estemos dictaminando”.

Previamente, al presentar las conclusiones de las cinco mesas de trabajo, la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (PAN) dijo que en la Mesa I: “Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual”, se destacó la necesidad de que las autoridades encargadas de la procuración de justicia tengan pautas de actuación en la investigación de los delitos contra la libertad sexual y se auxilien de peritos expertos en la materia para la persecución de delitos de índole sexual.

Sobre la violencia sexual, se propone tener en cuenta que su abordaje jurídico debe ser realizado desde una óptica integral que abarque la prevención, sanción y atención.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD) informó que en la Mesa II: “Delitos contra la vida y la integridad corporal” se recibieron propuestas para tipificar el feminicidio y se planteó que sea lo más preciso posible.

“Se hizo hincapié en algunos de los procedimientos para que no se tenga el riesgo de que una tipificación no pueda ser sustentada en las averiguaciones”.

En las conclusiones de la Mesa III: “Delitos contra la libertad de las mujeres”, expuestas por la diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo (PRI), proponen la creación de una policía investigadora especializada respecto al delito de trata de personas, así como sensibilizar a los tres niveles de gobierno en cuanto al trato de reciben las víctimas de este delito.

Dijo que se requiere la instauración de un protocolo de actuaciones de las policías, Ministerio Público y personal que brinda atención a la víctima del delito. “Se pretende agravar penas contra el patrimonio, robo, abuso de confianza, fraude y extorsión cuando se cometan en la familia”.

En la Mesa IV, “Derechos de las mujeres víctimas de un delito”, la diputada Hilda Flores Escalera (PRI) señaló que los códigos penales requieren de una definición puntual en lo referente a derechos de la víctima u ofendido.

Indicó que la reforma debe contemplar mecanismos de protección a la ofendida para evitar una revictimización por parte de las instituciones, así como soslayar su exposición a careos y procedimientos donde tenga que estar frente a frente con su agresor.

Por la Mesa V: “Reformas Procesales Penales”, la diputada Rosario Brindis Álvarez (PVEM) señaló que es necesario garantizar la valoración de los derechos del imputado y de la víctima u ofendidos en el otorgamiento de medidas cautelares o precautorias.

Finalmente, subrayó que es necesario incluir derechos específicos para las víctimas de delincuencia organizada. Asimismo, integrar en la reforma procedimientos específicos para la tramitación de la investigación de los delitos, los usos y costumbres de los pueblos indígenas siempre y cuando no contravengan los derechos humanos.

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