Ante las dificultades que enfrentan los micro, pequeños y medianos productores, proveedores de las tiendas de autoservicio, para operar ante la fuerza económica de las grandes cadenas comerciales, el diputado David Penchyna Grub (PRI) propuso expedir la Ley para la Promoción de Buenas Prácticas Comerciales.

La propuesta establece un equilibrio entre los agentes relacionados para que su interacción sea de manera competitiva, eficiente y sin prácticas desleales.

Asimismo, contempla medios alternativos de solución de conflictos entre las partes involucradas para facilitar los procedimientos y reducir los costos de la resolución de controversias frente a la creciente participación de las cadenas de tiendas de autoservicios que concentran la demanda.

El documento subraya que el problema fundamental que representan las grandes cadenas comerciales radica en las prácticas monopsónicas que realizan y en sus estrategias de compra que incluyen contratos abusivos con sus proveedores.

“Los pequeños y medianos proveedores de las tiendas de autoservicio son obligados por las grandes cadenas comerciales a aceptar condiciones unilaterales y desventajosas para seguir en el mercado, o bien, a cerrar sus negocios”.

Refiere que los pequeños y medianos comerciantes son un eslabón fundamental en la cadena de abastecimiento nacional, pues su aportación a la economía nacional es de vital importancia, ya que representan el 90 por ciento del empleo en el país, y contribuyen con 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). “Es cada vez más necesaria una regulación que proteja dichas fuentes de trabajo”.

“Se deben impedir los desequilibrios entre las grandes y las pequeñas empresas comerciales, contribuyendo al mantenimiento de una libre competencia que redunde en beneficio de los consumidores, consolidando mercados con productos accesibles y de buena calidad, mediante la promoción de prácticas comerciales sanas”.

La iniciativa turnada a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos del Senado, también regula los procedimientos de mediación y arbitraje, con lo cual se amplía la gama de posibilidades por medio de las cuales los agentes podrán dirimir sus diferencias, propiciando así el diálogo, la negociación y la cooperación entre ellos.

Prevé la creación de un Consejo para la Protección y la Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, dependiente de la Secretaría de Economía, a través del cual se vigile el cumplimiento de esta Ley, así como el combate y la sanción a las conductas recurrentes contrarias a las buenas prácticas comerciales.

“El crecimiento económico de México depende de efectivas condiciones de igualdad de oportunidades, equidad, legalidad, corresponsabilidad y competitividad; para ello, es de gran importancia contar con un ordenamiento específico, que regule las prácticas comerciales que se desarrollan en el territorio nacional”.

La propuesta también fue suscrita por la diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI), los senadores María de los Ángeles Moreno (PRI) Ramiro Hernández García (PRI) y Federico Döring Casar (PAN).

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