La secretaria de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas, diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD), propuso establecer como causal de cancelación de licencias de portación de armas el ejercicio de la violencia contra la mujer o algún miembro de su familia.

A través de una iniciativa que adiciona una fracción IX al artículo 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se indica que la violencia de género ha crecido durante los últimos años por la proliferación de armas en el país, muriendo muchas mujeres por esta causa.

Se precisa que la violencia, ejercida en la familia o contra las mujeres, constituye en si misma un riesgo para la vida de quien la padece, y éste aumenta significativamente cuando involucra el uso de un arma.

De acuerdo a las cifras de la Red Internacional de acción contra las armas ligeras, un arma aumenta las posibilidades de muerte 12 veces en comparación con otros medios de violencia.

México, se añade, no cuenta con cifras oficiales sobre el particular, pero la encuesta aplicada por el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, A.C., da cuenta que el 15 por ciento de los adultos con credencial para votar poseen armas; es decir, 11 millones y medio de mexicanos han aceptado que ellos o su familia tienen una.

En el documento presentado ante la Comisión Permanente y analizado en la Comisión de Defensa Nacional se destaca que el Instituto de Posgrado de Altos Estudios Internacionales, en Ginebra, sostiene que en México existen mucho más armas pequeñas y armamentos ligeros de las que las cifras oficiales indican y señala que, estimaciones extraoficiales (armas sin registro) las sitúan entre una cifra entre 2 y 15 millones.

Se abunda que la violencia en la familia constituye un factor criminológico importante, lo que ocasiona en los individuos inseguridad y pérdida de la autoestima que, en el transcurso de los años, puede llevarlos a incurrir en conductas delictivas.

La violencia hacia las mujeres en la familia, se precisa, genera costos en la economía de los países, pues estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, los costos de la violencia contra las mujeres oscilan entre el 1.6 y el 2 por ciento del Producto Interno Bruto de los países de Latinoamérica.

Vázquez Camacho menciona que ante el panorama poco alentador en el Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de México, es necesario un mayor control de las mismas en el domicilio, cuando el fenómeno de la violencia familiar y contra las mujeres se encuentra tan difundido.

Por lo que es necesario reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a efecto de garantizar que aquellos que han ejercido la violencia en la familia y contra las mujeres no puedan poseer armas en el domicilio ni obtener licencias para portarlas.

Se subraya que el incremento en la violencia de género es por amenazas con armas de fuego, y esto es muy delicado, por lo que se requiere de una más estricta regulación no sólo para el tráfico de armas, sino para las legales.

“El uso de un arma no da derecho a afectar física, psíquica o emocionalmente a personal alguna; en nuestros días se subraya la necesidad de determinar el uso de un arma como una obligación, con la vida y la sociedad. Debemos evitar que seres violentos, corrosivos de los derechos de la sociedad, tengan acceso a las armas”, se enfatiza en el documento.
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