• Dada la demanda de las organizaciones por ser escuchadas

Al continuar con las audiencias públicas sobre la reforma laboral, representantes de organizaciones de derechos humanos enfatizaron que las modificaciones a Ley General del Trabajo deben priorizar el fomento al empleo bien remunerado y la salvaguarda de las garantías.

El diputado Armando Neyra Chávez (PRI), coordinador de la Subcomisión de Consenso y Dictamen, informó que ante la demanda de las organizaciones por ser escuchadas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social revisa la posibilidad de ampliar el plazo de audiencias.

Recordó que el 23 de marzo la instancia legislativa determinó nombrar una subcomisión de seguimiento para analizar la posibilidad de un predictamen con base en las propuestas recibidas; “hay iniciativas del PRI, del PAN, del PRD, del PT, en total son más de 90”.

El secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Francisco Hernández Juárez (PRD), enfatizó que se necesita una reforma laboral para actualizar la ley a las demandas de la ciudadanía.

“El andamiaje para regular el mundo del trabajo fue creado para un país que se quedó atrás, en todos los sentidos; dónde metemos el derecho de las mujeres, dónde el de los jóvenes y los niños, la reforma debe darse para actualizar la ley”.

Externó que hasta la fecha la Junta de Coordinación Política no ha dado respuesta a la petición de prórroga. “No creo que se necesiten 150 días; si trabajamos en serio en la reforma podría salir”.

En su exposición, Cristina Auerbach, defensora de los derechos humanos de los mineros, comunicó que conforman una entidad reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como interlocutores válidos frente al Estado “y en una propuesta de reforma de ley que afectará a los mineros de carbón y a sus familias no fuimos llamados, ni consultados, por eso solicitamos la audiencia”.

A su vez, Tania Muñoz, hija de minero y defensora de los derechos humanos, subrayó que “no somos los únicos excluidos por ustedes, también los pueblos indígenas verán afectados sus derechos, sobre todo los jornaleros agrícolas. Si esta comisión quiere presentarse como promotora de los derechos deberá suspender la dictaminación de la iniciativa hasta que se haya consultado adecuadamente”.

En su intervención, Valeria Scorsa, del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, dijo que del 2007 al 2010 la tasa de desempleo creció de 3.7 a 6.3 por ciento, dejando en grave vulnerabilidad a jóvenes y mujeres.

Con relación al trabajo de las mujeres, señaló que del 2005 al 2009 su trabajo se registró como inferior al de los hombres, ya que 35 de cada 100 contribuyen a la producción de bienes y servicios, en cambio, 70 de cada 100 hombres perciben una remuneración de su trabajo.

Carlos Rodríguez Rivera, de la Coordinación Aérea Educativa del Centro de Reflexión y Acción Sindical indicó que según estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debe existir una verdadera relación entre empleados y trabajadores para no sacrificar principios y valores fundamentales.

“Esta norma laboral no permite la creación de empleo, ni su flexibilización, ni el abaratamiento de su costo, lo que hace que sean otros los objetivos a los perseguidos y reclamados, cerrando los ojos a otras experiencias”, sustentó.

En su oportunidad, Pilar Berrios, de la Alianza Democrática de Organismos Civiles, dijo que el Poder Legislativo debe ser un contrapeso del Ejecutivo y asumir un papel activo en una política de Estado que promueva el crecimiento, dinamice el mercado interno y garantice un trabajo digno para los jóvenes.

Manifestó que las cifras de desempleo y precarización plantean la necesidad de un cambio que fomente y amplíe las cuestiones de libertad sindical. “Los legisladores deben asumir su papel histórico para sacar al país de un abismo económico que pareciera no tiene límites”.

En tanto, Héctor de la Cueva, representante del Centro de Investigación Laboral y Sindical, mencionó que según cifras del gobierno el desempleo en jóvenes es de 9.6 por ciento, mientras que trabajadores con seguro social, prestaciones laborales, aguinaldo y utilidades únicamente son 14.6 millones.

Subrayó que entre octubre de 2008 y diciembre de 2010 la creación de empleo ha sido de mil 127 trabajos permanentes, “podemos afirmar que por más que se trate de hacerle creer a la ciudadanía que se trata de una iniciativa para fomentar el empleo se busca abaratar más el empleo para repartirlo entre más trabajadores, sin costo para los patrones”, concluyó.

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