La Comisión de Desarrollo Rural se reunió con el secretario de la Reforma Agraria (SRA), Abelardo Escobar Prieto, y el titular de la Procuraduría Agraria, Rocendo González Patiño, para conocer la situación que guarda la política del país en esos temas.

Ante los legisladores, el titular de la SRA destacó que una de las prioridades de la dependencia ha sido la solución de los conflictos agrarios, y en este sentido refirió que se han resuelto en lo que va de la presente administración, 729, es decir, que en promedio se soluciona un conflicto agrario cada 48 horas.

Agregó que para ello se han invertido 2 mil 702 millones 600 mil pesos, pero aún existen otros 526 conflictos, la mitad de estos localizados en los estados de Oaxaca, Chipas, Guerrero y Michoacán, principalmente en zonas indígenas.

Al respecto, el presidente del órgano legislativo, Javier Usabiaga Arroyo (PAN), reconoció el trabajo de la dependencia y de la Procuraduría Agraria por tratar de eliminar los conflictos, mismos que, dijo, son sumamente lacerantes y generan odios entre las familias.

El camino emprendido para llevar paz y tranquilidad al campo y ordenar la sociedad rural, agregó, es el adecuado, sin embargo, “debemos acelerar el paso y procurar que haya una mayor transparencia, agilidad y congruencia en el intercambio de la propiedad y el uso de la tierra de los núcleos agrarios”.

Asimismo, aceptó que faltan tareas por concluir, como el combate a la migración de jóvenes que rechazan la pobreza y buscan una vida mejor.

“Hoy en día, el común denominador de la sociedad rural es la migración. Tenemos la obligación de buscar como dar oportunidades a esos jóvenes que exponen su vida por buscar un mayor satisfactor para sus familias. Hoy el sector agrario tiene que generar riqueza para que las futuras generaciones no sólo se arraiguen en el campo, sino que sean capaces de dar una vida digna a los habitantes”.

Los diputados Francisco Alberto Jiménez Merino, Fermín Montes Cavazos, María Esther Terán Velázquez y Guadalupe Pérez Domínguez, del PRI, reconocieron el trabajo de la Secretaría de Reforma Agraria para dar certidumbre jurídica al sector, no obstante, coincidieron en que eso no basta, por lo que la tarea sigue pendiente, sobre todo, en lo que se refiere al desarrollo productivo y para eso se requiere del trabajo coordinado de las secretarías relacionadas con el Programa Especial Concurrente, “lo que no ocurre a la fecha”.

El diputado Arturo Ramírez Bucio (PAN) reconoció que el problema más importante del sector rural es detener a los jóvenes y evitar la descapitalización. “Los pueblos, los ejidos y las comunidades se están quedando con gente grande”. Es necesario, refirió, dotar de más recursos al campo y buscar alternativas para detener a las nuevas generaciones.

Por su parte, el diputado Héctor Elías Barraza Chávez (PRD) denunció que varios de los programas de apoyo al campo están siendo utilizados con fines electorales. En este sentido, demandó al funcionario abrir una investigación y sancionar a los responsables.

Al dar respuesta a los cuestionamiento, el titular de la Reforma Agraria señaló que existe una agenda y metas por cumplir y una de ellas es pasar a la etapa de desarrollo una vez que se concrete la paz social y la certidumbre jurídica.

“En el caso de los conflictos agrarios el Presidente de la República nos ha instruido que hagamos el mayor esfuerzo para que al término de la administración queden terminados los conflictos existentes en el país. Afortunadamente hemos resuelto los más graves y nos quedan algunos”.

Respecto del uso electorero de algunos programas, mencionó que la dependencia a su cargo ha buscado la forma de blindar los recursos y está en la tarea de evitarlo. “Cualquier cosa que lleguen a detectar denúncienlo para evitar cualquier uso electoral”, propuso a los legisladores.

Asimismo, dijo en torno a los adeudos por la expropiación de bienes ejidales, se ha abatido una gran parte del rezago y atendido 360 decretos con una inversión de 2 mil 479 millones de pesos.

Por otra parte, en su exposición inicial Escobar Prieto informó que de un universo de 31 mil 628 núcleos agrarios, se han regularizado a través de la certificación de la propiedad 29 mil 74 y entregado documentos que dan certeza jurídica 9.9 millones, con lo que se ha beneficiado a 4.6 millones de familias.

Sobre los programas de apoyo a proyectos productivos y el impulso a la inversión pública y privada en ejidos y comunidades, se han consolidado mil 898 proyectos con una derrama de 86 mil millones de pesos en beneficio de 175 mil familias campesinas.

Abundó que en esta administración, a través de los programas de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), se han apoyado 23 mil 696 proyectos de mujeres campesinas.

“Con el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios se han financiado 7 mil 660 proyectos de campesinos sin tierra y con el Programa Joven Emprendedor Rural se han impulsado con subsidio y apoyo directo, mil 255 proyectos”, concluyó.

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