Las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos aprobaron, por unanimidad, facultar a las autoridades federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, a impulsar programas para la atención, rehabilitación e inserción social de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de calle.

En el dictamen se destaca que de acuerdo a la organización Casa Alianza, en México existen 100 mil niños y niñas en situación de abandono, circunstancia que los hace vulnerables a agresiones físicas, emocionales y sexuales, así como a caer en la drogadicción.

Por ello, se propone adicionar el artículo 27-Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para permitir la firma de convenios de colaboración entre autoridades de los tres órdenes de gobierno e instituciones privadas, a efecto de brindarles, a través de diversos programas, las medidas que garanticen el pleno respeto y ejercicio de sus derechos.

Asimismo, se adiciona la fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación, para que los órganos públicos y las autoridades federales implementen programas para garantizar la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En el documento se precisa que las acciones que se impulsarán buscan que se disminuya y, de ser posible, se erradiquen las causas que originan las condiciones de vulnerabilidad social de este grupo.

Se explica que el incremento de la violencia y la inseguridad en los últimos años ha provocado que niñas, niños y adolescentes en situación de calle, además de ser víctimas de extorsiones policiacas, ahora lo sean de narcomenudistas y bandas de delincuencia organizada, quienes les ofrecen dinero a cambio de prostituirse, o vender y trasladar drogas.

En el dictamen se subraya que en lo que corresponde al impacto presupuestario, y en apoyo a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se solicitó una valoración al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y se concluyó que no implica partida adicional alguna.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI), dijo que las adiciones al marco jurídico para reconocer la obligación de las autoridades de atender a las niñas, niños y adolescentes que viven en situación de calle, a través de programas y políticas públicas, no requiere la creación de instituciones públicas.

Finalmente, agregó que las modificaciones dotarán de herramientas a los organismos ya establecidos para que las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de calle puedan acceder a una mejor atención y así elevar su calidad de vida.

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