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Boletín N°. 3453 Crear leyes que protejan a todo el abanico de las diferentes familias, obligación de legisladores

Al participar en el foro “Las familias mexicanas del siglo XXI”, la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD) dijo que éstas ya no son tradicionales, por lo que el reto es acercarle a la sociedad información objetiva y clara que rompa siglos de ignorancia, de desinformación y falta de compromiso con la diversidad.

La secretaria de la Comisión Especial para la Familia expresó que es fundamental que desde la política pública se empiece a entender que no hay forma sólida ni correcta de ser familia, por lo que la obligación de los legisladores es hacer leyes que den protección a todo ese abanico de las diferentes familias.

Puntualizó que el deber de la política pública es trabajar para que en esta diversidad se vayan fortaleciendo todos estos aspectos que se han descuidado y que han colocado en crisis a muchos espacios de la nación, como la falta de alternativas de empleo para los jóvenes, herramientas para la educación e incluso fenómenos de envejecimiento de la población.

En el foro organizado por la Comisión Especial, como parte de la “Feria de la Semana Familiar”, la diputada indicó que el mayor de los retos para las familias es que se aprenda a vivir en la diversidad, entendiendo que la democracia es, hoy por hoy, un diálogo entre distintos y no una imposición de mayorías a minorías.

La presidenta de la Comisión Especial, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, expresó que este foro es de vital trascendencia para el país y para el Legislativo, pues las familias son uno de los ejes articuladores de la nación.

Margarita Liborio Arrazola (PRI) dijo que si bien el concepto de familia, tiene una diversidad, al final de cuentas se compone por personas que quieren un país libre y en el que se les respeten sus derechos, independientemente de sus preferencias y pensamientos.

Recordó que en la LXI Legislatura se hizo una reforma que eleva a rango constitucional los tratados internacionales en cuanto a la no discriminación en ningún tipo.

Por su parte, la diputada Olivia Guillén Padilla (PRI) señaló que el objetivo del foro es crear un espacio que permita entender y prevenir las problemáticas de la crisis familiar.

Hizo votos para sensibilizar a la sociedad y autoridades sobre la función fundamental que tiene la familia en el desarrollo del país; generar propuestas para su atención ante las autoridades federales, estatales y municipales.

La directora del Programa de Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Victoria Adato Green, subrayó que la violencia en el interior de la familia en un porcentaje muy alto se produce por la escasez de alimentación, empleo y perspectivas de superación.

Por ello, el Estado debe aplicar acciones para proteger la organización y el desarrollo de la familia. “Quien sufre violencia está condenado a no tener una vida plena. Si la violencia se aprende en el hogar de ahí se exporta a la escuela, de la escuela a la calle y de la calle al crimen organizado”, abundó.

La asesora técnica regional de la ONU Mujeres, María de la Paz López Barajas, dijo que alrededor de uno de cada cuatro hogares mexicanos están comandados por una mujer, lo que significa que se debe atender desde la legislación cómo estas familias pueden tener una mejor convivencia y garantizar sus derechos.

Consideró que las familias se han trastocado y cambiado de manera radical en los últimos 50 años, los cambios afectan directa o indirectamente la vida familiar, por ello se requiere considerar a las familias en su complejidad, estudiarlas en el nivel local y la diversidad que existe en términos de las composiciones.

Rafael Estrada Michell, jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable del DIF, señaló que México solamente destina el uno por ciento de su presupuesto para tender los derechos a la seguridad –protección por violencia desacerbada- y a la participación de las niñas y niños en temas que los conciernen a ellos.

Puntualizó que ante las condiciones que se viven en el país, como trata de menores, de migrantes y de la población en general, el derecho a la seguridad se torna cada vez más importante. “Para que los derechos básicos y la perspectiva de las familias y comunidades sea un realidad transversal, plural y eficaz, se necesita interiorizar los valores en el Estado constitucional y democrático”.

A su vez, el director general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Alejandro Orozco Rubio, expresó que no hay ningún instrumento normativo internacional de derechos específicos para este sector, por lo que se analiza la viabilidad de elaborar una convención regional con la Cepal en América Latina que les garantice su protección.

Recordó que en México hay más de 10 millones de adultos mayores, quienes representan el 9 por ciento de la población, pero la proyección para 2050 es del 28 por ciento. Además, 19 por ciento de la población comparte el hogar con al menos un adulto mayor debido a la configuración de convivencia de varias generaciones en un mismo lugar.

La directora del Seminario de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Leoba Castañeda Rivas, subrayó que es importante garantizar los derechos fundamentales de los menores con políticas públicas que permitan que los padres de familia aprendan computación para saber a dónde incursiona el niño en Internet.

Enfatizó que se debe sancionar las conductas ilícitas como el ciber acoso sexual, intimidación, fraude y pornografía infantil. “Es importante dar a los niños garantías y seguridad, pero también darle a los padres las herramientas para vigilar dónde incursiona el niño en las redes sociales”.

Por la Secretaría de Defensa Nacional, el director general de Seguridad Social Militar, Carlos García López, señaló que actualmente la adaptación de la familia en los diversos ámbitos como el laboral, educativo, social y cultural requiere ser analizada para conocerla, comprenderla y edificar las opciones que en materia de seguridad social puedan implementarse en su mejor integración y funcionamiento.

De la dirección de Protección del Delito, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Edmundo Saúl Ortega Monroy, destacó que es indispensable consolidar la seguridad jurídica de la familia a través del sistema legal, toda vez que la violencia es una manifestación de una conducta social que siempre ha existido y en la actualidad se ha agudizado.

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