La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (PAN) impulsa una iniciativa para que no proceda la apelación del Ministerio Público (MP) cuando el inculpado se conforme con la sentencia, se haya logrado un acuerdo para la reparación del daño y no se trate de delitos graves o delincuencia organizada.
El propósito es fortalecer el principio de prontitud en la administración de justicia penal. La propuesta guarda proporción con lo que debe ser la justicia expedita, “que es resolver con inmediatez una cuestión sobre hechos constitutivos de delito, se repara el daño a las víctimas u ofendidos, y no se vulnera el interés social de castigar delitos graves o de delincuencia organizada”.

La iniciativa es analizada por la Comisión de Justicia y busca adicionar al artículo 365 del Código Federal de Procedimientos Penales con un segundo párrafo. Plantea la posibilidad de reducir el costo de los procesos largos y establecer fórmulas que abatan el rezago en la atención de asuntos judiciales.

Considera que los juicios largos desdibujan los hechos; privan de su libertad a las personas; dan pie a una mayor corrupción; entorpecen y acumulan mayores litigios que el Estado tiene que resolver y ahonda el conflicto entre las partes involucradas.

Ante ello, afirma que el proceso penal debe flexibilizarse y admitir que en ese supuesto no proceda la apelación del Ministerio Público y aclara que con la propuesta no se deja de atender al derecho de las víctimas, ya que expresamente se exige que se haya llegado a un acuerdo con el ofendido para la reparación del daño y haya garantizado su cumplimiento.

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