• A través de reformas al Cofipe para que los partidos políticos no puedan contratar, adquirir o beneficiarse en forma directa o por terceras personas

El diputado José Luis Jaime Correa, del grupo parlamentario del PRD, impulsa reformas al Cofipe para que los partidos políticos no puedan contratar, adquirir o beneficiarse en forma directa o por terceras personas, de propaganda explícita o encubierta en cualquier modalidad en radio, televisión, cine e Internet.
Destacó que tanto el partido y candidato contratante, como el exhibidor, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada.
Advirtió que es altamente riesgoso que a la fecha no exista ninguna regulación para limitar el gasto de publicidad política contratada en Internet.
“No existe tampoco un marco jurídico para controlar los tiempos en que pueden aparecer estos anuncios; es decir, no está estipulado respetar los tiempos de campaña y precampaña para anunciarse, y no existen mecanismos para fiscalizar este gasto electoral vertido a través de Internet”, subrayó.
Los contenidos de Internet en materia electoral no pueden estar al libre arbitrio de las fuerzas políticas y del mercado, cuya alianza propicia condiciones de inequidad en las contiendas electorales, indicó el legislador.
Lo anterior, aseguró, viola de manera directa los preceptos constitucionales y las leyes electorales, por lo que deben ser sancionados quienes se dediquen al comercio electrónico, específicamente a administrar redes dentro de Internet y no respeten los principios jurídicos y democráticos de las contiendas electorales, planteó el legislador.
En las futuras campañas electorales cada vez más serán utilizadas las tecnologías de comunicación masiva de última generación, que impactarán en los resultados, advirtió.
Lo anterior –expuso- no obstante que las campañas políticas presenciales todavía prevalecen frente a las electrónicas, lo que se explica ante la brecha digital en el 70 por ciento de la población.
Jaime Correa aseveró que pese a ello, no se puede ignorar su directa relación con los resultados de los comicios, lo cual ha obligado en la última década a los candidatos y sus equipos de campaña a incluir estrategias digitales, no testimoniales.
Enfatizó que el uso de las nuevas tecnologías van dirigidas a un segmento de la población que crece, día con día, particularmente, entre los jóvenes que están familiarizados de manera cotidiana con el uso de estas tecnologías a través de redes públicas o privadas, cuyo uso va en aumento de manera exponencial.
“Los partidos políticos, los candidatos y, sobre todo, los legisladores no podemos quedarnos al margen de esta realidad que terminará por imponerse en el corto plazo”, refirió.
De esta manera, agregó, influir con una batería de mensajes cortos y bien planeados de manera decisiva en el curso de los acontecimientos en el marco de las campañas políticas y electorales, por ello, es que “debemos darle a las futuras contiendas, incluida la de 2012, un marco jurídico mínimo que ya se aboque a estas tareas”.
Es necesario, además, añadir en el marco de esta iniciativa la regulación de los contenidos electorales que pudieran hacerse en sitios públicos que usualmente no se utilizan para proselitismo, como son las salas de exhibición de cines, expuso.
Debido a que esos espacios pudieran ser invadidos por la propaganda electoral, donde empleando diversos formatos los candidatos y partidos pueden insertar propaganda encubierta que al margen de toda fiscalización violente los topes de gastos de campaña, generando situaciones de inequidad, la autoridad electoral debe tomar conocimiento y sancionar enérgicamente.
Por ello, Jaime Correa, propuso incluir una regulación mínima al código electoral que no afecta, de ningún modo, libertad alguna para exhibir películas o constituir una censura velada, ya que se circunscribe únicamente a la regulación de la propaganda electoral y a sancionar los abusos que se cometan.
Esta iniciativa introduce reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales justamente para limitar y reportar el gasto de partidos políticos y candidatos en publicidad política en Internet, y sancionar a aquellos institutos políticos que se excedan en el mismo.
Consideró que otro aspecto a regular es desincentivar el uso del “spot” como pieza fundamental de la comunicación política ya que ha frivolizado las campañas electorales, haciendo depender a los partidos políticos y a sus candidatos de una imagen o un estribillo musical “pegajoso”.
Lo que proponemos es que “en los tiempos de emisión que marca el artículo 41 constitucional, se privilegie siempre la transmisión de los contenidos programáticos y las propuestas de campaña de los candidatos y de los partidos políticos”.
El proyecto de decreto presentado en la Comisión Permanente fue turnado a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

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