• Este miércoles participaron: Alberto Montoya Martín del Campo; Marco Antonio López Valdez, José Francisco Gallardo Rodríguez; Miguel Pulido y Miguel Sarre.

Las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos continuaron con las audiencias públicas especializadas, dentro del marco de dictaminación de la minuta que reforma la Ley Federal de Seguridad Nacional.

Este miércoles participaron Alberto Montoya Martín del Campo, investigador de la Universidad Iberoamericana; Marco Antonio López Valdez, del Instituto Nacional de Ciencias Penales; José Francisco Gallardo Rodríguez, general brigadier y profesor de la UNAM; Miguel Pulido, del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR y Miguel Sarre, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

La diputada Teresa Incháustegui Romero, del grupo parlamentario del PRD, consideró que las audiencias coinciden en la necesidad de revisar profundamente la minuta, misma que no será aprobada en sus términos, porque es evidente que el tema de la seguridad nacional no se aborda correctamente, además de que no se establecen los conceptos de seguridad interna y externa.

Durante la exposición de los participantes, la legisladora, presidenta de la primera mesa, se refirió a una desatención del Estado mexicano en materia económica y particularmente de inversión al campo, lo que propició 6 millones de desempleados agrícolas que alimentaron a los cárteles del narcotráfico, además de detonar un crecimiento de la economía del crimen organizado.

Dijo que de acuerdo con un estudio del Tribunal Superior Agrario, la falta de inversión generó que una tercera parte del territorio agrícola nacional se destinara a la siembra de marihuana y amapola, aplicando la mano de obra desocupada. “La superficie agrícola está constituida por casi 31 millones de hectáreas, de las cuales más de 9 millones fueron sembradas con droga”.

Por su parte, la diputada Lorena Corona Valdés, del grupo parlamentario del PVEM, coincidió en que la minuta no será aprobada en los términos que avaló el Senado, sino que deberá enriquecerse y para ello son estas audiencias encaminadas a un tema fundamental que es determinar el rol de las fuerzas armadas, así como delimitar las facultades del Ejecutivo en materia de seguridad interna y seguridad nacional.

En tanto, las diputadas Nancy González Ulloa y Adriana Fuentes Cortés, del grupo parlamentario del PAN, indicaron que nadie puede negar que la delincuencia organizada es un problema de seguridad nacional y en este caso, los artículos 89 y 29 constitucionales establecen facultades del Ejecutivo para utilizar las fuerzas armadas.

Asimismo, coincidieron en que recurrir al ejército ha sido, a partir de la irresponsabilidad de los estados y municipios, para atender el problema del crimen organizado.

Alberto Montoya Martín del Campo, investigador de la Universidad Iberoamericana, destacó que es indispensable modificar la minuta enviada por el Senado, sobre todo, en lo que se refiere a la participación de las fuerzas armadas.

El ejército mexicano, dijo, se ha visto severamente afectado por la misión que le ha sido encomendada por el Presidente de la República, pues lo ha expuesto al poder corruptor del sistema de economía criminal, a la vez que lo ha llevado a un terreno estratégico, ajeno a sus mandatos constitucionales, lo que ha propiciado su debilitamiento y eventualmente su desprestigio ante la sociedad mexicana e internacional, pues su fracaso es seguro dada la política que sigue el gobierno federal.

En este sentido, refirió que la guerra contra el narcotráfico no tiene como principal objetivo terminar con el sistema de la economía criminal, sino obtener legitimidad política interna y externa, por lo que la actual estrategia conduce al fracaso, como es ya evidente después de estos tres años de aplicación.

Montoya Martín del Campo consideró que México debe modificar de inmediato la estrategia seguida, misma que ha provocado la intensificación de la violencia, no ha terminado con la economía criminal ni su secuela de corrupción y corresponde principalmente al interés geopolítico estadounidense.

Dijo que la forma en la que se ha conducido la política económica en México en los últimos 30 años ha ocasionado un Estado impotente para promover la creación de riqueza y la creación de empleos, aunado a que se ha desindustrializado y convertido en un país importador.
“Desde que se firmó el TLC en México se perdieron 6 millones de empleos y se importa el 42 por ciento de los alimentos que consume. Esos 6 millones de empleos perdidos son la causa de que México sea el país de mayor migración en el mundo; son los jóvenes pobres del campo y de la ciudad los que reclutan, por un lado, por la delincuencia organizada y por otro, las fuerzas armadas.

Por su parte, el experto Marco Antonio López Valdez, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, consideró que la minuta de proyecto de decreto que reforma la Ley de Seguridad Nacional no determina concretamente el concepto y los alcances de la seguridad nacional, ni tampoco los fundamentos para su comprensión, “solamente se hacen referencias sobre la base de nuevos e impactantes acontecimientos como la guerra contra el crimen organizado”.

En mi opinión, dijo, se requiere que dicha minuta no sea únicamente un paliativo ante las amenazas delincuenciales y que establezca una verdadera doctrina de seguridad nacional.

“Consideramos que es necesaria una reforma a la Constitución y leyes reglamentarias, a efecto de establecer y precisar concretamente nuestros intereses, aspiraciones y objetivos nacionales ante las nuevas amenazas globales, lo cual nos permitirá hacer una planeación estratégica a largo plazo para la perpetuación de nuestro Estado-Nación”.

Afirmó que el problema del narcotráfico y el crimen organizado son preocupantes, ya que representan grandes desafíos internos y externos que ponen en riesgo la paz, la estabilidad y la soberanía nacionales.

Con justa razón, dijo López Valdez, se considera que la ausencia de una clara estrategia de seguridad nacional es una gran ventana de vulnerabilidad, sin embargo, la “guerra contra las drogas” ha desvirtuado los intereses, objetivos y aspiraciones nacionales de México.

La seguridad nacional, concluyó, es algo más que militar y vigilancia policiaca, se deben atender los focos rojos de los indicadores económicos, de pobreza, de la impunidad de los mafiosos de cuello blanco, en los fondos públicos utilizados como tapadera de negocios ilegítimos e ilegales, en la refundación de cacicazgos y la nueva feudalización de la política.

Asimismo, en el desastre de la educación pública, en la desesperanza de millones de jóvenes desempleados, en la degradación de valores éticos producto de medios de comunicación que sin escrúpulos hacen apología del delito, en la corrupción social generalizada.

Advirtió que si el sistema político mexicano no responde a las necesidades de la sociedad, no es capaz de conducir el tránsito hacia un verdadero régimen democrático y no logra reformar al Estado, los avances de los últimos años podrían revertiese provocando un colapso nacional que pondría en grave riesgo nuestra supervivencia como Estado - Nación.

En su partición, el general brigadier con licencia del ejército mexicano, José Francisco Gallardo Rodríguez, y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que hoy se discute la creación de una Ley de Seguridad Nacional cuando aún no se ha definido un concepto en esta materia.
Dijo que debería haber una convocatoria por parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso para definir qué es seguridad nacional, toda vez que existe una confusión en cuanto a este tema, seguridad interna, externa y del Estado.

Refirió que en este contexto, la función constitucional de las fuerzas armadas tiene que ver con la defensa exterior de la nación y los asuntos internos tiene que ver con asuntos del Estado-policía.

Agregó que si bien es cierto que el Presidente de la República tiene facultades para hacer uso de las fuerzas armadas, también previene la Constitución que debe hacerlo únicamente en los casos de excepción, como lo establece el artículo 29 de la Carta Magna, “cosa que no realizó el jefe del ejecutivo cuando declaró la guerra contra las drogas en 2007”.

El general brigadier destacó que la activa participación del ejército en asuntos que no son de su competencia trastoca el orden jurídico e institucional del Estado, por lo que la Ley de Seguridad Nacional debe estar orientada a desmilitarizar los sistemas de justicia y de seguridad nacional.

Gallardo Rodríguez comentó que el poder militar está sometido al poder civil para hacer tareas de espionaje y perseguir enemigos políticos, electorales o internos. Con el uso del ejército, abundó, “el Estado ha provocado el desquiciamiento en la seguridad pública en cada una de las entidades federativas”.

Por su parte, Edmundo Salas Garza, miembro de la Red de Especialistas de Seguridad Pública, cuestionó la minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional bajo el argumento de que la Constitución no define claramente el concepto de seguridad interior, lo que provoca que diputados, abogados y magistrados de la Suprema Corte interpreten como facultad del Presidente de la República utilizar a las fuerzas armadas como si ésta hiciera referencia a la seguridad pública y al orden interno.

“Interpretar el concepto de seguridad interior plasmado en la fracción sexta del artículo 89 constitucional, como el ámbito interno de la seguridad nacional, es por lo menos controversial, porque es tomada como seguridad pública”, subayó.

Abundó que si se quiere interpretar como seguridad nacional, tiene que hacerse una reforma constitucional donde defina los conceptos de seguridad interior y seguridad nacional. “No puede definirse la seguridad interior en una ley derivada o secundaria como lo es la Ley de Seguridad Nacional”.

Otro tema polémico, dijo, es que la ley actual establece la responsabilidad de la seguridad nacional en los tres órdenes de gobierno mientras que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional pretende otorgar de manera exclusiva la facultad al Poder Ejecutivo y los otros órganos coadyuvan.

Precisó que de aprobarse la minuta en sus términos, llevaría a una centralización de las fuerzas armadas en el Poder Ejecutivo, y los otros dos poderes serían únicamente para ayudarle cuando haya amenazas, mientras que la autoridad militar tendría la capacidad de intervenir en todos los casos en donde se le ordene.

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