• Definir con claridad conceptos de seguridad interna y nacional, establecen participantes en audiencias públicas

• Este jueves participaron Luis Miguel Cano, Arturo Córdova Romero, Miguel Concha Malo y Silvano Cantú

En el marco de la dictaminación de la minuta que reforma la Ley de Seguridad Nacional, este jueves diputados integrantes de las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos prosiguieron con las audiencias públicas especializadas.

En esta tercera jornada participaron Luis Miguel Cano, de la Organización de Litigio Estratégico (LITIGA); Arturo Córdova Romero, del Frente de Laicos Cristianos Evangélicos de México; Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

El diputado Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, hizo énfasis en la necesidad de contar con una ley adecuada en materia de seguridad nacional, toda vez que el país atraviesa por una situación atípica y dado el contexto internacional, pueden ocurrir actos incluso de terrorismo, un tema que el propio Estado ha pretendido negar.

En este sentido, dijo, todas las opiniones serán tomadas en cuenta para determinar las herramientas jurídicas que se otorgarán al Estado. “Necesitamos evolucionar, modificar las leyes, pero también debemos darle al Estado una ley que sea de utilidad, que no se vaya a controvertir, que tenga eficacia”.

Por su parte, el diputado Francisco Ramos Montaño, del grupo parlamentario del PRI, reconoció que los legisladores definirán de manera puntual y concreta los términos de seguridad interior, seguridad pública y seguridad nacional, así como las facultades que la Constitución le otorga a las fuerzas armadas.

A su vez, la diputada Nancy González Ulloa, del grupo parlamentario del PAN, expresó que el ambiente de inseguridad que se ha desatado demanda una respuesta especializada por parte de los gobernantes, ya que ha sido injusto fincarle responsabilidades a las fuerzas armadas. Puntualizó que el noventa por ciento de los homicidios actuales han sido entre la misma delincuencia organizada.

Al abrir las ponencias, Luis Miguel Cano, de la Organización de Litigio Estratégico (LITIGA), destacó que en los momentos en los que la seguridad se ve amenazada o colapsada, es cuando mayor debe ser el respeto a los derechos humanos. “No puede haber seguridad sin derechos humanos”.

En este sentido, dijo, el dictamen de la minuta que reforma la Ley de Seguridad Nacional es un fraude a la Constitución y una fuente de violaciones a los derechos humanos.

Añadió que en ésta existen términos de seguridad interna y seguridad externa jurídicamente indeterminados, lo que es una encrucijada que sujeta al Estado.

“El artículo 29 constitucional es muy claro al señalar que en tiempos de paz ninguna autoridad castrense puede ejercer más funciones que las vinculadas con la disciplina militar y eso es lo que precisamente esta sobrepasando esta ley secundaria, pues le otorga mayores facultades a las fuerzas armadas”.

Lo que hoy tenemos, refirió, gira en torno al combate a la delincuencia, que es un tema de seguridad pública y que, conforme al artículo 21 de la Constitución, es un asunto que corresponde a las fuerzas civiles. “No hay grises, hay guerra o hay paz; hay seguridad pública o hay elementos para decretar una restricción y suspensión de garantías para el uso de las fuerzas armadas”.

“Este es el detalle. No hay definiciones de seguridad nacional y seguridad interna, que son los dos supuestos por los que se aplica el artículo 29 de la Constitución y el procedimiento de suspensión y restricción de derechos”.

En su turno, Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC, opinó que la minuta de reforma debe ser revisada de manera profunda, además de que se debe incluir dos nociones íntimamente relacionadas y fundamentales para resolver el problema de la seguridad: “seguridad humana y seguridad ciudadana”.

Dijo que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la seguridad ciudadana es el más adecuado para abordar el problema de la criminalidad y de la violencia.

Añadió que en la minuta la prevención ha sido un tema olvidado y descuidado, adscrito a un plano secundario y sin valorar que las estrategias que se pueden colocar ayudarían enormemente a mejorar la situación. “La inseguridad no es solamente un tema que implique la guerra contra el narcotráfico; involucra las redes de complicidad, los manejos discrecionales y corruptos en los mandos policiacos, las amenazas contra la población civil”.

Es ingenuo pensar, dijo, que con más armas, mayor equipamiento y más elementos de las Fuerzas Armadas se acabará con el narcotráfico. “Las nuevas formas de criminalidad exigen del gobierno respuestas más certeras y atinadas. Lo que es claro es que la estrategia de estos últimos años sólo ha abonado a la decepción continua y a la falta de credibilidad en las medidas adoptadas”.

Concha Malo concluyó que la intervención del Estado debe hacerse en consideración de los aciertos y fracasos que han costado más de 40 mil vidas, sin hablar de las pérdidas económicas y sociales, así como los desplazamientos de las personas.

“Para dictaminar un proyecto de esta naturaleza se deben analizar las implicaciones de la reforma y de las medidas hasta ahora adoptadas por el Estado mexicano en la lucha contra el crimen organizado; respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos; cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública, así como asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque en los derechos humanos”.

En representación del Frente de Laicos Cristianos Evangélicos de México, Arturo Córdova Romero se pronunció por hacer una revisión más profunda a la minuta, tras considerar que no se deben otorgar facultades policiacas a las fuerzas armadas, ya que el ejército no está capacitado para realizar trabajos de investigación, ni de formulación de expedientes.

Señaló que ante ello, lo que se debe hacer es facultar a las policías tanto federales, estatales y municipales a un alto nivel y crear un proyecto nacional.

“De ser aprobada esa iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, provocaría mayores males que beneficios, ocasionando mayor impunidad e inmunidad en los representantes de los tres poderes de la nación”, aseguró.

En su oportunidad, Vicente Montes de Oca, miembro de la instancia, dijo que se provoca inseguridad nacional al realizar declaraciones como el que el salario mínimo tiene poder de compra, “esto genera inseguridad en la nación”, consideró.

En la última exposición de esta jornada, Silvano Cantú Ramírez, miembro de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que en la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional no deben quedar impunes las violaciones a los derechos humanos.

Señaló que en la minuta no hay un aporte con relación a normas de seguridad nacional, incluso, resulta inoperante, por lo que se requiere establecer mecanismos efectivos que brinden una verdadera solución a la problemática actual del país.

“Se debe legislar en materia de controles civiles, democráticos e institucionales para frenar la ola de violencia y establecer mecanismos efectivos para que la política de seguridad incluya la rendición de cuentas y transparencia, así como la reparación integral del daño para las víctimas de violación a los derechos humanos”, enfatizó.

Cantú Ramírez consideró necesario reformar de igual forma el Código de Justicia Militar, además de crear un nuevo concepto de seguridad interna que sirva a las personas y no al Estado.

Concluyó que se debe combatir de manera efectiva la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de armas, así como las violaciones a los derechos humanos, porque son factores de riesgo para la seguridad interna. “Sólo así podremos hablar de manera consecuente de seguridad, paz y justicia”, finalizó.

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