El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados señala que el panorama de delincuencia y violencia que enfrenta el país se ha convertido en una presión para el presupuesto nacional, en particular, dentro del ámbito de la seguridad pública.

Lo anterior por la demanda de mayores espacios para alojar a los individuos que enfrentan un proceso judicial y los que se encuentran cumpliendo alguna condena por infracciones a la ley, así se indica en el documento “Delincuencia y Seguridad Pública en México”.

En el análisis se abunda que dicha situación se desprende del aumento de la población penitenciaria que, de acuerdo a cifras oficiales, se ha incrementado en casi un 70 por ciento, al pasar de 128 mil 902 internos en 1998 a 218 mil 865 en 2008.

Mientras que la distribución de la población en prisión se ha mantenido más o menos constante a lo largo de la última década, registrando a 2008 una composición es de 58.9 y 41.1 por ciento entre internos con sentencia y presos sin condena, respectivamente.

Se puntualiza que en términos generales, este aumento en el número de presos no se ha visto acompañado por un crecimiento de la infraestructura para recibir a mayor cantidad de delincuentes.

Tan sólo en 1995 la sobrepoblación penitenciaria era prácticamente nula; para 2001 se registró una sobrepoblación de 31 mil 120 internos, distribuidos entre los 446 centros penitenciarios existentes (que contaban con un total de 134 mil 567 espacios disponibles), y hoy día las prisiones registran un sobrecupo de 29.9 por ciento, en promedio.

El CEFP destaca que a estas condiciones de sobrepoblación en las cárceles se agregan deficiencias del sistema penitenciario que, según la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, se refieren a heterogeneidad en tipo de instalaciones, procesos de operación, tratamientos y programas de readaptación.

Menciona que el presupuesto del Organismo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social se cuadruplicó en términos nominales entre 2001 y 2010, al pasar de un mil 162.3 millones de pesos a 5 mil 48.6 millones de pesos.

En tanto que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública se triplicó entre 2001 y 2010, al pasar de 6 mil 31.4 millones de pesos a 22 mil 31.6 millones de pesos, respectivamente. Así, la manutención de las 225 mil personas que están privadas de su libertad le cuesta al erario 34 millones de pesos diarios.

Se añade en el documento que a pesar del mayor gasto en seguridad pública, el combate a la impunidad no ha tenido resultados positivos, pues de acuerdo con datos del Centro de Investigación para el Desarrollo, se identifica que alrededor de 98.3 por ciento de los delitos quedan impunes, dado que sólo 12 de cada 100 son denunciados, 26 de cada 100 averiguaciones se concluyen y en 55 de cada 100 casos se presentan consignados.

El Centro resalta que la sobrepoblación penitenciaria limita la capacidad del sistema para impulsar esquemas efectivos de reinserción social, pues ha estado orientado a la contención más que a la readaptación.

Dicho enfoque, se enfatiza, ha definido a las estructuras penitenciarias como meras administraciones carcelarias, derivado de un sistema penal centrado en la reclusión como sanción y, en el mejor de los casos, procura la recuperación de la libertad del interno, bajo esquemas carcelarios de buena conducta durante la reclusión, que no están necesariamente asociados a una estrategia de readaptación o reinserción social.

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