La Comisión de Puntos Constitucionales analiza una iniciativa para descentralizar de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), convirtiéndola en un organismo con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y de decisión.

Ello, a efecto de que se incremente la certidumbre, vigilancia y legalidad en los procesos electorales, teniendo mayor capacidad de respuesta, así como en la persecución de delitos, se señala en la iniciativa impulsada por el diputado Juan Carlos Natale López, del grupo parlamentario del PVEM.

Se menciona en la propuesta que el desempeño de la Fiscalía en los últimos quince años, ha sido tergiversada o manipulada según los designios por parte de la Procuraduría respecto a la persecución de probables delitos cometidos por los sujetos que atiende el Código Penal Federal.

Por lo que su independencia y objetividad adolece de las garantías necesarias para proveer de los mecanismos jurídicos tendientes a los procesos electorales.
Se refiere que uno de los reclamos más frecuentes de la sociedad en los últimos procesos electorales federales ha sido la transparencia y legitimidad.

En el documento se puntualiza que la Fepade es un órgano de la PGR responsable de la pronta, expedita y debida procuración de justicia en lo relativo a delitos electorales federales y sus atribuciones se pueden resumir: en casos de urgencia o flagrancia, ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables.

Se enfatiza que la reforma tiene como objeto fortalecer a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, otorgándole facultades, a través de mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal.

Para informar mensualmente al Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las averiguaciones previas iniciadas, de las consignaciones efectuadas, de los procesos y de los amparos, en su caso.

También a efecto de ejercer las atribuciones que en materia de investigación y persecución de los delitos de su competencia, así como ordenar la detención y probable retención de los probables responsables.

Con reformas a los artículo 76, 89, 102 de la Constitución Política y el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, también se plantea dar mayor énfasis a la posición de su titular ante la influencia del Poder Ejecutivo, limitando la discrecionalidad de su designación por parte del Presidente de la República, proponiendo que el Senado o la Comisión Permanente ratifique el nombramiento que se proponga.

También se busca elevar a rango de ley federal la normatividad que rige la vida interna de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

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