• El Presidente no usa indiscriminadamente a las Fuerzas Armadas: subsecretario Rubén Fernández

Al proseguir con las audiencias públicas especializadas, en el marco de dictaminación de la minuta que reforma la Ley de Seguridad Nacional, las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos se reunieron con el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Fernández Aceves.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN, sostuvo que la minuta no puede ser aprobada en sus términos, sino que debe ser revisada a profundidad, toda vez que “contiene imprecisiones que deben ser corregidas”.

Dijo que con las audiencias se busca emitir un dictamen que satisfaga los derechos humanos y los valores jurídicos relacionados con la seguridad nacional, en concordancia con la reforma constitucional que en esta materia se acaba de promulgar.

Agregó que la minuta plantea además que el Senado es quien debe revisar legalmente el proyecto de declaratoria del estado de afectación; a lo que dijo, “hay una extralimitación”, porque esa colegisladora no tiene facultades de control de legalidad más que la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se requerirá para ello, abundó, de alguna reforma de carácter constitucional, para darle una intervención mayor al Congreso en este rubro. “Una reforma que le diera realmente una participación más consistente y no sólo la opinión de una comisión bicamaral, de seis miembros, que ni siquiera tiene atribuciones en su propio reglamento o ley orgánica”.

En este sentido, planteó que por qué en lugar del Consejo Nacional de Seguridad no se piensa en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde sí están los gobernadores, y donde hay un consenso político más amplio dado que en el de seguridad nacional sólo está fundamentalmente el Ejecutivo.

Corral Jurado subrayó que el documento de trabajo tiene un problema de definiciones, toda vez que trata de administrar la gradualidad entre el riesgo y la amenaza, “nada más difícil para una ley que administrar la gradualidad”.

Todos estos actos tendentes a impedir que la autoridad cumpla con la función, señaló el legislador, son expresiones muy generales que pueden llevar a muchas cosas, incluso a que se constituyan por sí mismos en nuevos delitos de carácter federal. “De hecho es un catálogo de nuevos delitos”.

Por otra parte, indicó, una de las premisas es definir el rol de las Fuerzas Armadas; sin embargo, en la minuta se otorgan facultades al Ejército que son complementarias a las del Ministerio Público.

“Queremos que venga la PGR para conocer su punto de vista sobre esta transferencia de facultades al Ejército, aunque sea en materia de seguridad nacional. Es muy importante saber si realmente coexiste o convive con esta idea, porque entonces estaríamos hablando ya no solamente de fortalecer al ministerio público federal sino de debilitarlo o de alguna manera compartir su función esencial con las Fuerzas Armadas”.

Asimismo, reconoció que éstas no fueron instruidas para funciones de seguridad pública, sino que realizan labores que no les son propias en una situación delicada. “Nuestras fuerzas armadas deben regresar a sus cuarteles apenas sea posible y mientras más pronto mejor”.

Finalizó que las Fuerzas Armadas saben bien que castigar a uno o algunos de sus elementos que no hacen honor a la institución, no las debilita ni las perjudica, sino las fortalece. Estamos de acuerdo con el artículo 13 constitucional cuando ordena que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.

“México deberá cumplir con las resoluciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos, las cuales, bien entendidas, no lesionan a nuestras Fuerzas Armadas, que tienen una tradición de institucionalidad y de respeto a la Constitución”.

La diputada Lorena Corona Valdés, del grupo parlamentario del PVEM, enfatizó que las audiencias públicas son importantes para recabar información trascendental para la dictaminación de dicha ley; además, “se abre el diálogo con la sociedad y el Ejecutivo”.

El diputado del grupo parlamentario del PRD, Luciano Cornejo Barrera, calificó la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional como un tema muy delicado. “Desde nuestra perspectiva, la minuta afecta los derechos humanos y las garantías. Quisiera conocer cuál es su opinión”.

Por su parte el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Fernández Aceves, rechazó que el Presidente de la República haga un uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.

Recordó que es su atribución preservar la seguridad nacional en los términos de la ley y disponer de la totalidad de las fuerzas armadas permanentes y en este sentido, subrayó que no hay ningún debate al respecto. “En ningún momento vemos algún conflicto de interpretación constitucional en esta materia”.

Aseguró que el gobierno federal no tiene la intención de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles y mencionó que por ello se propuso que en la Ley de Seguridad Nacional se precise que los elementos del Ejército deberán intervenir sólo en caso de desafío o amenaza a la seguridad nacional.

Por otro lado, indicó que la aprobación de la minuta no violentaría los derechos humanos o sus garantías. “Lo que sí vemos es que potencialmente, como cualquier otro acto de autoridad, la declaratoria de estado de afectación debe ser como cualquier otro acto de autoridad, revisable por los tribunales”.

En este sentido, propuso que la declaratoria sea pública y publicada en el Diario Oficial de la Federación, así como en los diarios de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate, a fin de que cualquier persona o institución pública pueda, en un momento dado, conocer sus alcances y si lo estima conveniente acudir a los tribunales, mediante los procesos de protección constitucional, particularmente el juicio de amparo.

De avalarse la minuta, dijo, se pondría en marcha uno de sus artículos transitorios, que señala que los operativos por parte de las Fuerzas Armadas deberán recibir una declaratoria de afectación dentro de un lapso de 90 días, de lo contrario se regresarían a los cuarteles.

“Este transitorio nos sirve a todos. Es una medida que por virtud estaríamos forzando a un procedimiento racional, donde se emita la declaratoria completa que soporte la participación de las Fuerzas Armadas; si no se emite en 90 días, éstas regresarían a sus cuarteles”.

Mencionó que hoy no existe la figura de la declaratoria del protocolo que precise los alcances de la intervención de las Fuerzas Armadas, tratándose de afectaciones a la seguridad. No hay un criterio nacional público que permita saber con certeza cuándo empieza esa participación, cuándo termina, hasta dónde; con retenes o sin ellos; vestidos de verde o de azul, en patrullas o camiones, en la sierra o en el campo; no lo tenemos actualmente.

Fernández Aceves señaló que con la colaboración de los diputados se busca emitir un dictamen que satisfaga los derechos humanos y los valores jurídicos relacionados con la seguridad nacional.

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