En la última sesión de las audiencias públicas especializadas, en el marco de la dictaminación de la minuta que reforma la Ley de Seguridad Nacional, las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos recibieron al subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Alberto Lara Rivera.

El diputado Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN, presidente de la Comisión de Gobernación, informó que el propósito fundamental es escuchar a los especialistas con el fin de que los legisladores tengan los elementos que permitan la consolidación de un dictamen a la minuta enviada por el Senado.

Comunicó que se escuchó la opinión de representantes de 14 distintas organizaciones de la sociedad civil, “que tienen ocupación en el campo de la defensa y promoción de los derechos humanos; lo hicimos los días 7, 8 y 9 de junio”.

Los días 14 y 15, continuó, hemos realizado audiencias con instituciones públicas; ayer vino el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Fernández Aceves; hoy estuvieron las comisiones de derechos humanos de Hidalgo y Morelos y acabamos de escuchar al subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Jorge Alberto Lara Rivera.
Corral Jurado anunció que el 21 de junio se llevará cabo el Foro nacional: democracia, seguridad nacional y derechos humanos, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. “El programa está publicado, los ponentes que hemos invitado están enlistados en el micrositio de la Comisión”.

“Las participaciones, versiones estenográficas de las comparecencias y las propuestas específicas estarán a disposición de los ciudadanos en el portal de internet de la Cámara de Diputados y a partir de ahora vamos a entrar en una sistematización de la información que hemos recibido para armar el cuerpo valorativo de los ponentes”, afirmó.

“Junto con ello, lo sumaremos a lo que nos proporcionen los expositores del foro nacional e inmediatamente después integraremos la subcomisión redactora del dictamen, que partirá de la Comisión de Gobernación, como lo estipula el Reglamento de la Cámara de Diputados”.

El diputado Luis Carlos Campos Villegas, del grupo parlamentario del PRI, afirmó que se plantea la posibilidad de que el conjunto de reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Nacional puedan generar cambios en el Ministerio Público.

“Me gustaría conocer su opinión si se considera necesario que los ministerios públicos sufran algunas adecuaciones, modificaciones y fortalecimiento en sus facultades, o bien cualquier otra reforma, ya sea desde el punto de vista legislativo o administrativo para enfrentar su actuación ante esta nueva realidad que plantearía esta nueva ley”.

En tanto, el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del grupo parlamentario del PAN, cuestionó en qué casos y bajo qué condiciones los indicios y evidencias que se recauden en términos de la Ley de Seguridad Nacional serían judicializables en procesos penales.

La diputada Teresa Incháustegui Romero, del grupo parlamentario del PRD, dijo que los datos que se tienen de los resultados del uso de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado no permiten ver que el sistema de justicia se esté poniendo a “tono” con el tamaño de la demanda que tiene la población.

“No tenemos noticias de que haya una averiguación previa de los 46 mil muertos; lo único que tenemos es una guerra de exterminio y no un esfuerzo de procuración de justicia”.

Por su parte, la diputada Lorena Corona Valdés, del grupo parlamentario del PVEM, cuestionó que si la minuta “ya contempla el objeto de la reforma de derechos humanos recién aprobada. Quizá necesitemos mirar a largo plazo en cuanto a políticas integrales para que se dé certeza de que los militares saldrán a hacer lo que deben y después regresarán a los cuarteles, sin peligro de que violenten las leyes”.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del grupo parlamentario del PT, cuestionó al funcionario respecto a la intervención de las comunicaciones de los civiles por parte de las autoridades militares. “¿Usted cree que es correcto, necesario, útil, jurídicamente válido que también las autoridades militares puedan solicitar la intervención de las comunicaciones privadas de los civiles?”.

En su oportunidad, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Jorge Alberto Lara Rivera, indicó que se requiere de un instrumento exclusivamente para la conservación y preservación de la seguridad nacional.

Manifestó que en materia de tráfico de armas, a nivel mundial, la ONU señala que el mercado estadounidense hacia México es el segundo más grande del mundo, sólo superado por los países de la antigua Unión Soviética hacia África, “por lo que estamos considerados un foco de riesgo muy grande”.

Lara Rivera agregó que tanto la minuta en estudio como los trabajos subsecuentes, “de los cuales la Procuraduría ha llevado un puntual seguimiento”, son pertinentes porque buscan hacerse cargo de la “realidad tan compleja que atraviesa nuestro país, no sólo para el presente, sino con perspectiva al futuro”.

Por ello, añadió, la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública está plenamente justificada y nos parece que si ya hay un desiderátum jurisdiccional y que eso es posible y perfectamente consecuente con su función, lo que se requiere es complementar, robustecer, y ver hacia el futuro en cuanto a los nuevos desafíos que se presentarán.

“Cabe hacer la reflexión de que muchos fenómenos inherentes a la seguridad pública, vistos desde un punto de vista integral, implican una realidad que no puede ser ignorada. El hecho de realizar decomisos de armamento como granadas, lanza granadas o incluso pequeños misiles, está dentro del ejercicio del decomiso de las fuerzas civiles y tiene que ver con una reflexión y una llamada de atención al tema de la seguridad nacional”.

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