La Cámara de Diputados recibió un oficio en el que Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que durante el primer semestre de 2011, se replanteará la estrategia para el combate del mercado ilícito de combustible, toda vez que crece, evoluciona y cambia su forma de operar rápidamente, abarcando a otros productos (de gasolinas y diesel a crudo, combustóleo, gas licuado y turbosina).

La paraestatal indica que se replantearán los alcances para considerar el desarrollo de tecnología en México con la colaboración de las instituciones con las que se tiene convenios, sobre todo con la UNAM, IPN e IMP, para la detección y ubicación de tomas clandestinas en poliductos, oleoductos y LPG ductos con mayor aproximación o certeza que la que dan los sistemas SCADA.

Añade que una vez definida una cartera de proyectos se hará la solicitud presupuestal correspondiente. Además de que se estudia la posibilidad de obtener recursos del Conacyt para el apoyo a estos planes.

Precisa que consciente de la necesidad de contar con tecnología de punta para hacer frente al mercado ilícito de combustibles, Pemex está desarrollando una nueva estrategia basada en inteligencia volumétrica y de mercado, que permite reforzar y homologar la instalación de sistemas de medición y control para detectar con oportunidad posibles ilícitos.

También en atención inmediata a sistemas de transporte por ducto e instalaciones prioritarias, para enfocar los esfuerzos en la atención, monitoreo, control y coordinación con entidades y autoridades en los sistemas de mayor incidencia y concentración del ilícito.

Colaboración con entidades de gobierno, principalmente con las Fuerzas Armadas, la Policía Federal Preventiva, la Procuraduría General de la República, Protección Civil, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, la Profeco, así como las Secretarías de Energía y la de Economía, entre otras.

En el documento, remitido por la Comisión Permanente en su pasada sesión, Pemex menciona que el mercado ilícito por tomas clandestinas ha evolucionado y que de enero a diciembre de 2010 se detectaron 710 tomas: 437 en poliductos, 216 en oleoductos, 49 en LPG ductos y 8 en gasoductos.

En este contexto, añade que “los gasoductos no son factor relevante en la problemática de robo de hidrocarburos, por lo que la información contenida en el atlas de riesgo del sistema nacional de gasoductos, así como en el sistema de identificación de instalaciones y activos no aportan información significativa a la atención requerida, y estos documentos a los que hacen referencia han evolucionado al atlas de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos”.

Puntualiza que si bien Petróleos Mexicanos cuenta con una extensa red de ductos terrestres y marinos para la recolección y transporte de hidrocarburos en la República, es importante aclarar que ningún ducto opera actualmente fuera de norma, sino de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.

Por lo que Pemex se encuentra a la par de la industria petrolera internacional en materia de normatividad para regular la integridad en aquellos tramos o segmentos de ductos identificados como prioritarios, en términos de sus niveles de riesgo y ubicación respecto a las áreas de altas consecuencias, tanto de población, como ambientales e industriales.

La paraestatal se manifiesta por legislar para dar certeza jurídica a Pemex en materia de derechos de vía, por lo que promueve una reforma al artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleos, para considerar de utilidad pública, no solamente la construcción de ductos y de plantas de almacenamiento, sino también el mantenimiento.

La proposición, que fue aprobada el 26 de enero de 2011, en el Pleno de la Comisión Permanente, solicitaba la evaluación del atlas de riesgo de Pemex y la implantación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible.

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