• Primordial y prioritario que el Congreso elabore una propuesta que se ciña congruente y consistentemente al marco constitucional: Corona Valdés

En el marco del foro “Democracia, Seguridad Nacional y Derechos Humanos”, la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del grupo parlamentario del PRD, afirmó que la minuta de la Ley de Seguridad Nacional será corregida porque la reforma constitucional en materia de derechos humanos obliga a replantear y armonizar la propuesta.

“Hoy tenemos un nuevo título en la Constitución que pone por delante a los derechos humanos y obliga a que la propuesta sea corregida para estar en armonía con este importante avance constitucional”, afirmó en el encuentro organizado por las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos.

A su vez, la diputada Lorena Corona Valdés, del grupo parlamentario del PVEM, subrayó que es primordial y prioritario que el Congreso elabore una propuesta que se ciña congruente y consistentemente al marco constitucional. Todas las aportaciones serán materia de discusión cuando se elabore el dictamen de la minuta de Seguridad Nacional.

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis Armando González Placencia, el Ejército no está preparado para ejercer posiciones de seguridad pública.

Lo anterior, dijo, porque no tiene la naturaleza que se espera de una institución civil y que tendría que hacerse cargo de problemáticas de este orden, por lo que la minuta de Ley de Seguridad Nacional colocaría en este marco legal a una fuerza que “nos ha probado que lo que sabe hacer no es necesariamente lo que se espera de una fuerza policial civil”.

Indicó que en el país hay una situación exacerbada de violencia, en la que existe una serie de delitos que no son fácilmente perseguirles y atenderles con el modelo penal convencional y en un conjunto de actores en el sistema jurídico penal que carece de los elementos necesarios para enfrentar esta situación.

“Cuando uno lee el planteamiento de la minuta, lo que queda claro es que hay situaciones más allá de las de seguridad pública y requieren de una respuesta excepcional, pues no se señalan las bases y condiciones del respeto real a los derechos humanos y a los límites constitucionales que se imponen en cada una de las instancias que van a intervenir”.

González Placencia destacó que la estrategia va más allá de saber si el Ejército puede o no estar en las calles, “se tiene que plantear un proyecto de nación que tome en serio la necesidad de recomponer todas las problemáticas que se han construido en los últimos cien años con medidas de corto, mediano y largo plazo”.

Por parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Emilio Álvarez Icaza señaló que el problema sustantivo es que no se tiene una política de Estado en materia de seguridad, “estamos generando una pésima dinámica legislativa a partir de resolver por la urgencia una dinámica con más de 40 mil muertos y un número indeterminado de desaparecidos”.

Abundó que las fuerzas armadas no están capacitadas doctrinaria, táctica y presupuestalmente para lo que están haciendo. “Los militares están entrenados en el uso letal de la fuerza extrema, por lo que la aplicación está generando una enorme tensión, ya que están aplicando labores que no le corresponden”.

De la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Marieclaire Acosta Urquidi manifestó su rechazo a la Ley de Seguridad Nacional, “pues sería un paso más hacia la construcción de un Estado de excepción institucionalizado, socavando los esfuerzos de tantos años por consagrar la democracia en nuestro país”.

Recalcó que la falta de un sistema de justicia eficaz está desquebrajando el tejido social y fracturando el Estado de derecho. “La ineficacia procesal del sistema inquisitorio aún vigente en la mayor parte de la República, así como la inhabilidad de sus operadores para sancionar a los criminales y proteger a las víctimas han dado como resultado los altos índices de impunidad que padecemos”.

Consideró que disminuir la tasa de violencia y criminalidad requiere mucho más que aumentar las capacidades de las fuerzas policiacas y militares. “Hay que reparar las fallas procesales y procedimentales del sistema de justicia para garantizar que personas inocentes no sean inculpadas por crímenes que no cometieron y que aquellos culpables sean realmente llevados a prisión”.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Ricardo Sepúlveda Iguiniz, señaló que, desde una perspectiva de derechos humanos, la ley debe asegurar la existencia de contrapesos claros en la toma de las decisiones, fundamentalmente en la declaratoria de la afectación a la seguridad nacional. Asimismo, garantizar que haya medios de control constitucional de derechos para el ciudadano frente a estos mecanismos.

El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, John M. Ackerman Rose, consideró que la minuta de la Ley de Seguridad Nacional busca matizar y abrogar las garantías que existen en la Constitución. “Esta ley es anticonstitucional porque el artículo 129 constitucional es explícito: en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

A su vez, el director del departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Santiago Corcuera Cabezut, comentó que en el proyecto de ley se le dan a las fuerzas armadas facultades discrecionales de tremenda vaguedad bajo supuestos como la amenaza, que es un término “jabonoso que nos llevaría a una declaratoria de afectación equivalente a una suspensión de derechos contraria al artículo 29 constitucional”.
Pidió revisar con mucho cuidado la ley porque como se encuentra actualmente podría generar muchísimos males, ya que “conduciría no hacia un Estado de derecho sino hacia un derecho del Estado; no hacia un imperio de la ley sino hacia una ley del imperio; hacia el autoritarismo, la discrecionalidad en el uso de la fuerza en su máxima extensión”.

El secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Sergio López Ayllón señaló que la ley debe reglamentar la utilización de las fuerzas armadas de forma permanente para preservar la seguridad bajo una ley emitida por el Congreso.

Agregó que la intervención del Ejército en algunos municipios del país se ha dado en el vacío, pues no cuenta con el marco jurídico que le establezca cuál es su función, su temporalidad y su propósito.

De igual modo, el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y Democracia, Ernesto López Portillo Vargas, mencionó que México se metió en una trampa histórica, pues se encerró en un rezago estructural, mientras otras naciones incorporaron un rediseño democrático en sus instituciones de seguridad. “El mayor problema que enfrenta el Estado es su propia debilidad”.

Puntualizó que las Fuerzas Armadas bajo cualquier hipótesis y estando en funciones de seguridad pública requieren incorporar estándares democráticos. “Si las autoridades militares realizan funciones de seguridad pública, por el motivo que sea, deben abandonar su doctrina militar”.

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