• En la dictaminación de la minuta que reforma la Ley de Seguridad Nacional serán tomadas en cuenta las observaciones vertidas: Javier Corral

Al clausurar el foro denominado Democracia, seguridad nacional y derechos humanos, el presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN, afirmó que al final del camino se entregará un producto legislativo que le sirva a la sociedad más que al Estado o estrictamente al gobierno.

Dijo que cuando este órgano legislativo insistió en mantener la competencia en torno al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, lo hizo con el propósito de reencausar una discusión de la mayor trascendencia para la vida de México.

Consideró que la manifestación de preocupaciones sobre el contenido tanto de la minuta como del documento alterno del grupo plural que conformó la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, servirá para lograr un equilibrio.

“Que nadie tenga duda de que los convocamos no sólo para escucharlos, sino para atender lo que han expresado. Queremos salir de esa vieja tradición legislativa de escuchar a algunos y no hacerle caso a nadie”.

El tema de la seguridad nacional, abundó, es compatible con el de los derechos humanos y con el régimen democrático. “Si lo sabemos hacer bien, desarrollaremos un dictamen con varias de las observaciones vertidas por las organizaciones e instituciones que participaron, vamos a entregarle al país un buen producto legislativo”.

Durante el desarrollo de la última mesa de trabajo del foro, Samuel González Ruiz, ex titular de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) señaló que la Constitución es verdaderamente clara y distingue cuáles son las fases que le corresponden al municipio, al estado y a la federación en los niveles de prevención del delito; prevención especial del delito; prevención social del delito; investigación y persecución del delito, faltas administrativas y reinserción social.

Reconoció que constitucionalmente, el Presidente de la República tiene facultades y obligaciones para preservar la seguridad nacional y disponer de la fuerza armada permanente para la seguridad interior y la defensa exterior de la federación, y este Congreso tiene facultades para expedir leyes en materia de seguridad nacional.

No obstante, abundó, se vuelve inconstitucional la Ley de Seguridad Nacional cuando el Congreso pretende desconocer requisitos y límites para las operaciones de las fuerzas armadas y establecer un régimen de sustitución de autoridades, sin pasar por la suspensión de garantías.

Destacó que de acuerdo con el libro: El manual del sicario mexicano, al no haber policías certificadas ni honradas, todos los recursos que el Congreso destina a ellas para la compra de armamento y combate al crimen organizado, sólo genera más violencia y se alimenta a los cárteles del narcotráfico.

Por su parte, Gabriel Regino García, ex subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, dijo que una de las grandes preocupaciones que existen en torno a la minuta es la posibilidad de ampliar, a través de una reglamentación el llamado Estado de excepción, que ciertamente la Constitución ya establece.

“Hay que apostar primero a la gobernabilidad porque, a mi juicio, la única virtud que tiene el Estado de excepción es que elimina las asimetrías sociales”.

En su participación, Elena Azaola Garrido, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, consideró que sería un error serio dejar a las fuerzas armadas la investigación de los delitos, pues constitucionalmente corresponde sólo al Ministerio Público por lo que se debe fortalecer esta institución.

Indicó que es necesario definir los conceptos de seguridad pública, seguridad interna y seguridad exterior, además de que manifestó que no es por la vía de las armas o la violencia del Estado, como se va a sacar adelante al país.

“El índice de criminalidad tuvo que ver con el abandono del fortalecimiento de las instituciones y con aceptar el crecimiento de las desigualdades”.

La tarea y responsabilidad que tiene el Poder Legislativo, concluyó, es reencausar al país al imperio de la ley.

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