Durante el Encuentro nacional parlamentario de comisiones que atienden el tema de la no discriminación, se puntualizó que es insoslayable revisar el actual marco jurídico para garantizar el libre ejercicio de los derechos de cualquier ciudadano.

La presidenta de la Comisión Especial sobre la No Discriminación, Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRD, afirmó que la discriminación es un acto que lacera al país, “limita su desarrollo y hace más propensa la desigualdad entre las personas”.

Se manifestó por seguir trabajando para que el Poder Legislativo coadyuve con leyes claras para erradicar estas prácticas. Es urgente armonizar las leyes con perspectiva transversal; “se requieren marcos jurídicos específicos que protejan a todos los grupos vulnerables”.

Dijo que sólo a través de la educación “podemos eliminar los estereotipos a fin de erradicar la discriminación y así dar un cambio radical a la cultura de nuestra sociedad”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Rosario Ibarra de Piedra, del grupo parlamentario del PT, subrayó que es necesario dotar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) de mayor autonomía y atribuciones más claras que le permitan prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias.

Refirió que el flagelo más grave que aqueja a nuestro país es la corrupción. “Una de las libertades públicas que requiere mayor protección por su constante violación es el derecho a no ser discriminado”.

Por su parte, Ricardo Bucio MujÍca, presidente del CONAPRED, urgió a revisar la actual legislación, ya que son un detonante las políticas públicas a favor de la promoción de la igualdad.

"Aunque no cambia en automático las prácticas sociales, ni la percepción de las y los servidores públicos de todos los niveles, lo que sí hace es que establece límites, define posibilidades”.

Destacó que entre 2005 y 2010, 17 estados de la República legislaron en contra de la discriminación, mandataron la creación de organismos especializados y también en tres entidades federativas los Códigos Penales tipificaron a la discriminación como un delito. “No obstante el mapa de la legislación no está terminado”.

Recalcó que a pesar de que la sociedad reconoce la diversidad, también acepta que no somos iguales en derechos; “De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación, el 52 por ciento de las personas dice que el empleo debe ser para las personas sin discapacidad y que hasta que no haya desempleo en las personas sin discapacidad entonces puede haber para los que tienen alguna discapacidad”.

“El 27 por ciento de la población opina que las niñas y los niños tienen los derechos que los padres les quieran dar, y justifican que los golpeen para educarlos”, puntualizó.

Se preguntó si se justifica dar los sobrantes a las trabajadoras del hogar, los alimentos que sobran de la familia en donde trabajan, el 25 por ciento de la población cree que se justifica. “El 82 por ciento de los encuestados cree que eso ocurre cotidianamente en el país”.

El diputado del Congreso del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa, señaló que en los últimos 6 años se duplicó el número de homicidios dolosos contra las mujeres en esa entidad; asimismo, Ecatepec, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán e Ixtapaluca, son los municipios en los que se concentra el 50 por ciento de los homicidios dolosos de ese estado.

“En el Estado de México 61 de cada 100 mujeres casadas sufren de algún tipo de violencia en su hogar”.

Puntualizó que los pueblos indígenas siguen relegados en los estratos de mayor miseria económica y marginación. “No existe la conciencia del respeto y desarrollo de los derechos humanos”.

La diputada del Congreso de San Luis Potosí, Beatriz Benavente Rodríguez, manifestó que se debe sancionar la discriminación de forma penal, con el objeto de que las personas hagan conciencia. “Debemos hacer efectiva la no discriminación y yo no le encuentro otro camino, por lo pronto, que no sea penalizándolo”.

Dijo que en su entidad, la discriminación se da hacia grupos étnicos, que son víctimas al ser relegados en la toma de decisiones a nivel estatal. “En San Luis Potosí también se ejerce una violencia extrema contra los migrantes. Han sido víctimas de un sinnúmero de vejaciones sólo por hablar distinto”.

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