La Comisión de la Función Pública, que preside el diputado Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, analiza la conformación de un plan de trabajo para evaluar la minuta a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Escudero Morales destacó que el tema es importante y que la minuta ya ha sido analizada por él y por los asesores de la Comisión, pero es necesario “sentarnos a ver si se le puede hacer una cirugía mayor y poder tener ya un dictamen en sentido positivo o negativo”.

Mencionó que de ese análisis se ha encontrado que la minuta tiene deficiencias técnicas, sobre todo en el procedimiento sancionador y las no repercusiones hacia los estados.

De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), la minuta no sirve de nada y está mal hecha, “tenemos que definir la posición, si se le puede hacer una cirugía mayor o se tiene que descartar de plano”, enfatizó el legislador.

El diputado Marcos Pérez Esquer, del grupo parlamentario del PAN, dijo que es fundamental que se genere un calendario de trabajo, pues “si se abre un periodo extraordinario sería bueno tener listo el dictamen al respecto; sería una pena dejar pasar esa oportunidad”.

Destacó que se tienen todos los elementos para su aprobación, aun cuando existen dudas de carácter técnico del proyecto. “Creo vale la pena hacer un calendario el cual culmine con un dictamen para ser aprobado en un periodo extraordinario”.

Sobre las prioridades de la Comisión, el diputado Pablo Escudero Morales refirió que ya se tiene listo para su aprobación el dictamen a la minuta que expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Permitirá fortalecer la administración pública “en línea”, lo que hará posible la comunicación de los servidores públicos entre sí y facilitará la interacción entre el gobierno y los ciudadanos.

Evitará traslados innecesarios a los lugares en que se encuentran las instituciones públicas, con la consecuente disminución de los costos de transacción que están relacionados con los desplazamientos que actualmente realizan los particulares y con el uso de papelería por parte del gobierno federal.

Las secretarías de la Función Pública y la de Economía, así como el Servicio de Administración Tributaria tendrán el carácter de autoridades certificadoras para emitir títulos digitales, por ser quienes tienen mayor conocimiento técnico en lo referente a la expedición de la firma electrónica avanzada y de los certificados digitales.

En el predictamen se considera inaplazable que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las comunicaciones y en los actos jurídicos que realicen entre las mismas, hagan uso de mensajes de datos y acepten la prestación de documentos electrónicos cuando haya esta posibilidad, y los particulares por sí, o a través de las personas autorizadas por los mismos, manifiesten expresamente su conformidad para ello.

Para evitar el uso indebido de los certificados digitales, y consecuentemente de la firma electrónica avanzada, se incorpora un apartado relativo a las responsabilidades y sanciones en que podrán incurrir los servidores públicos y los particulares que contravengan las disposiciones de la ley.

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