• Debe consignarse a funcionarios que incurran en irregularidades en el manejo de recursos públicos: Haro Bélchez

La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputada Esthela Damián Peralta, afirmó el tema de las sanciones es uno de los grandes fracasos que tienen en México, toda vez que “la impunidad prevalece derivado de los resultados de las cuentas públicas y de las auditorías”.

Al participar en el foro Actualidad y perspectivas de la distribución de competencias: federación, estados y municipios, la legisladora del grupo parlamentario del PRD, subrayó que la fiscalización en México cumplió varios objetivos; aunque todavía se encuentra lejos de la meta fijada, ya que se carecen de medios para producir una “verdadera” política de rendición de cuentas.

“La fiscalización tiene que llegar hasta el castigo o hasta la prevención, pero de manera efectiva, si no se castiga y se aplican sanciones no sirven de nada los recursos que se pueden estar utilizando para este tema”, indicó.

En el evento organizado por el Comité y el Centro de Estudio de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, Damián Peralta señaló que se carece de un formato de entrega de informes homologado, puntualidad en las fechas de recepción, informes claros y de acceso público, portales de Internet actualizados y con información requerida por la ley, aplicación y seguimiento de sanciones.

Propuso la creación de “un tribunal con autonomía constitucional, que pueda sancionar a la Cámara de Diputados, Poder Federal, Senadores, Universidades, Ejecutivo, a fin de tener resultados mucho más claros”.

Agregó: “la fiscalización como tal no está logrando los objetivos planteados, tenemos que hacer esfuerzos desde diferentes trincheras para cambiar este tema y necesitamos la participación de todos, y en Cámara tenemos un compromiso mayor porque de aquí podemos ir transformando lo que no funciona en este país”.

Por su parte, el secretario general de la Cámara de Diputados, Guillermo Haro Bélchez, propuso crear el Sistema Nacional de Fiscalización de la Cuenta Pública, bajo la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para coordinar acciones, dictar directrices y reglas para fortalecer la normatividad interna de las entidades federativas.

Señaló que en el registro de obligaciones financieras y empréstitos que lleva la Secretaría de Hacienda, el endeudamiento de las entidades federativas se ubicó en 314 mil millones de pesos al cierre de marzo del 2011.

La deuda pública municipal creció en los últimos 10 años más de 700 por ciento y casi el 80 por ciento de las alcaldías del país tienen crisis por deuda y la mayor parte se contrajo por gasto corriente (salarios de empleados) y no por gasto de inversión, agregó.

Mencionó que en los últimos 10 años se ha duplicado el número de denuncias penales presentadas, “por lo que habrá que trabajar para que se duplique, triplique y quintuplique el número de servidores públicos consignados por prácticas irregulares”.

Manifestó que a pesar de la mejoría que presentan las auditorías en los últimos años en el gasto federalizado, sus resultados son desalentadores, es por ello que se debe contar con una evaluación global del desempeño, resultados e impacto que en cada entidad federativa tienen los recursos federalizados.

“Que se tenga un sistema de responsabilidades que inhiba con la aplicación de la sanción oportuna prácticas corruptas de un sector de los servidores públicos”, enfatizó.

En ese sentido, Haro Bélchez expuso que la auditoría, las contralorías internas municipales, estales, las de gobierno federal deben de concentrarse en hacer exclusivamente auditorías y en intervenir como fiscales ante un tribunal formado por especialistas que en su caso apliquen las sanciones disciplinarias. “Esta gran reforma está pendiente de discutirse”.

En su intervención, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), Olga Hernández Espíndola, detalló los conceptos relacionados con el régimen jurídico, la fiscalización y el federalismo en el siglo XXI.

En cuanto a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dijo que con ella el Congreso tiene que llegar al mérito de ejercer una mejor rendición de cuentas y mayor transparencia para la sociedad.

“Los ciudadanos quieren ver claro en qué se gasta hasta el último centavo que pagan de sus impuestos, pero resulta que a estas alturas nos damos cuenta que no se contaba con esta Ley que armonice y organice desde la base en que confluyen la federación, los estados y municipios”, concluyó.

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