Durante el seminario Actualidad y Perspectivas de la Distribución de Competencias: Federación, Estados y Municipios, el diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del PRI, señaló que la distribución de competencias entre estados y federación está en crisis, “se requiere de una revisión completa en todos los ámbitos”.

Afirmó que los municipios reciben sólo el 2 por ciento del presupuesto total de la federación. “La descentralización no tiene las características de una descentralización equitativa, ya que no obedece a la desigualdad o necesidades de los diferentes estados y municipios”.

Refirió que del ramo 20 sólo el 10 por ciento de sus recursos se conviene con los municipios y estados, mientras que del ramo 33 llega sólo el 12 por ciento y los fondos son ejercidos de manera distinta a la convenida por los municipios.

Refirió que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México tiene un estancamiento y retrocesos en la política social. Agregó que la distribución del gasto federal es cada vez más regresiva y promueve más la desigualdad en vez de corregirla.

Subrayó que según la OCDE México está en el penúltimo lugar en calidad de vida, así como en el penúltimo lugar de igualdad. “La mitad de la población está en la pobreza, el 80 por ciento de los trabajadores están en pobreza, la clase media pasó de 50 a 30 millones y el 70 por ciento de la población gana menos de la media nacional”.

Por tal motivo, propuso la creación de un fondo en el ramo 33 que realice una redistribución del recurso para acciones productivas, “no se trata de una forma de condicionar recursos a los pobres, sino de acercar a los municipios las capacidades productivas para crear mayor impulso a las zonas marginadas”.

El diputado Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, respecto al tema de justicia y seguridad, afirmó que en los últimos 4 años todos los delitos han tenido un crecimiento sostenido del 14 por ciento. “En el país prevalece un ámbito de impunidad y desaliento, que contribuye al fenómeno de una espiral de violencia”.

En este sentido, resaltó que el delito violento, como el homicidio, tuvo un crecimiento del 33 por ciento, el robo violento, 32 por ciento, mientras que en trata de personas México ocupa el segundo lugar a nivel mundial.

Expresó que existe una tendencia a la federalización desde el ámbito de la seguridad pública, ya que todos los programas los decide la federación.

“Se ha caído en la tentación de legislar a petición de parte, lo que genera que el péndulo de la justicia se mueva siempre hacia los extremos y en todos los casos estemos cometiendo desde el ámbito legislativo injusticias y poniendo a las autoridades en problemas”, argumentó.

Posteriormente fue presentada la ponencia en materia penal del diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, del grupo parlamentario del PRI, la cual señala que la distribución de competencias afecta el ámbito penal. “Ha resultado más cómodo para las autoridades particularmente federales modificar los marcos constitucionales y legales para adecuarlos a su capacidad operativa”.

Afirmó que se requiere de fórmulas dentro de su ámbito competencial que permitan coordinar esfuerzos, sumar recursos y convencer con razones y no con imposiciones. “Si algún ámbito de la actividad pública ha sufrido drásticas reformas constitucionales y legales que han tenido como efecto una redistribución de competencias, ése ha sido el de la seguridad pública”.

En su intervención, Gabriel Regino García, abogado postulante y ex subsecretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal, dijo que de legalizarse las drogas, se daría paso a la solución de la inflación legislativa, sin embargo no así del crimen organizado, ya que este no depende del tráfico de drogas.

En cuanto a la mariguana, dijo que se podrá legalizar el día que Estados Unidos tenga garantizado el abasto para su consumo, “si esto sucede no va a importar entonces si los demás países la legalizan”.

El presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Carlos de Buen Unna, dijo que en el desarrollo social deben participar cada uno de los órganos de gobierno, aplicando mecanismos que den una clara rendición de cuentas y fortaleciendo a las instituciones locales.

“Se debe trabajar en un sistema que sea suficientemente atractivo para las regiones más avanzadas, pero que al mismo tiempo beneficie a las más atrasadas”.

En su intervención, el director general del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C. (ICESI), Luis de la Barreda Solórzano, catalogó al Ministerio Público como una zona de desastre, ya que sólo el 5 por ciento del total de los posibles responsables de algún delito llegan a estar a disposición de un juez.

Indicó que según datos del INEGI, en México de cada 100 homicidios, se dictan 18 sentencias, es decir, menos de dos, sin distinguir entre dolosos o culposos; lo cual significa que menos de uno de cada diez llegan a ser procesados ante un juez. “Ante ello, es necesario transformar a nuestros policías y al ministerio público ya que en su mal funcionamiento está la impunidad”, aseguró.

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