El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, firmó de un convenio general de colaboración e intercambio en materia de investigación e información parlamentaria con la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

En el documento suscrito en esta ciudad, por Ramírez Marín y el rector de la UADY, Alfredo Dájer Abimerhi, se establecen las bases para realizar, a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, proyectos, actividades e investigaciones de interés recíproco cuyos resultados favorezcan las políticas de desarrollo y coadyuven al enriquecimiento de la cultura e investigaciones legislativas.

Ramírez Marín manifestó que el acontecimiento intelectual más importante para el sureste de México fue la creación de la universidad pública, que derivó en una universidad moderna, actuante, crítica; pero sobre todo, íntimamente comprometida con el desarrollo social de este estado.

El legislador yucateco explicó que es a través del Presupuesto de Egresos de la Federación como la Cámara de Diputados puede demostrar su compromiso con las universidades públicas del país. “No podemos admitir que en un país donde nos preciamos de tener universidades de primer nivel, tengamos universidades que no pueden dar acceso a todos los estudiantes que solicitan una oportunidad”.

Agregó: “una de las metas fundamentales de la Cámara de Diputados es dar a las universidades públicas la capacidad de recibir a todos aquellos o por lo menos a los más de aquellos que solicitan el ingreso con calificación académica suficiente para merecerlo”.

Jorge Carlos Ramírez Marín resaltó que nunca la Cámara de Diputados estará lejos de la universidad pública y de sus objetivos fundamentales, porque ésta “ha favorecido la movilidad social, la multiplicación y ampliación del conocimiento en todas las áreas del saber, ha formado y nutrido de cuadros de especialistas a las administraciones públicas federales, estatales y municipales, y en el caso de la UADY esto es doblemente emotivo para un servidor”.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados añadió que con el convenio no solo se busca el intercambio de conocimientos, sino también un desarrollo de investigaciones en materia jurídico parlamentaria, social, económica, cultural y de opinión pública que ayuden a ambas instituciones.

Así como cursos, seminarios y talleres en materias relacionadas con las actividades legislativas; promover la realización de proyectos de investigación, programas de modernización legislativa y de instrumentación de nuevas tecnologías para captar procesamientos y difusión de la información legislativa.

“Los legisladores necesitamos allegarnos de conocimientos, de saberes, de opiniones, de puntos de vista, de propuestas, de los mejores instrumentos para legislar; es el Congreso al que aspiramos los legisladores y que sin duda aspira la sociedad mexicana”, apuntó el diputado yucateco.

Ramírez Marín indicó que las universidades tienen la absoluta obligación de ser más eficientes, igual que los diputados, cada uno en su ámbito, por lo que esta ocasión de profesionalizar al Congreso, volverlo más eficiente, con este convenio y puede darnos la oportunidad para un mayor desarrollo recíproco.

En tanto, el presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, diputado Daniel Gabriel Ávila Ruíz, expresó que este convenio de colaboración permitirá impulsar un intercambio de ideas, propuestas y programas en materia de consolidación democrática de derechos humanos y de promisión de la seguridad pública nacional.

Dijo que los resultados del acuerdo serán de gran valor para la profesionalización del trabajo parlamentario. “En el Congreso de la Unión necesitamos de la experiencia, valor y espíritu crítico e innovador que caracterizan a la UADY”.

En su oportunidad, el rector de la Universidad, Alfredo Dájer Abimerhi, estableció que con este intercambio se busca contribuir con información de calidad, datos y análisis veraces para apoyar la toma de decisiones acertadas, que se conviertan en mejores políticas públicas para beneficio de la sociedad.

Argumentó que la preparación de las decisiones legislativas requieren de información oportuna y basada en evidencias obtenidas de estudios rigurosos y análisis objetivos, sin sesgos de ninguna clase, “La información es la base en todo el proceso de toma de decisiones, especialmente del Poder Legislativo, donde el trabajo parlamentario se desarrolla a través de la deliberación intensa y la negociación libre”, concluyó.

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