La secretaria de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los feminicidios registrados en México, diputada Adriana Terrazas Porras, afirmó que los servicios de guarderías subrogadas en algunos estados, son objeto de extorsión, amenazas y levantones por parte de la delincuencia organizada.

Tal situación, abundó la legisladora del grupo parlamentario del PRI, ha obligado a que las instalaciones de las guarderías tengan que cerrarse por varios días, con el interés de salvaguardar la integridad física y la vida de los menores y de la gente que en ellas labora, principalmente de los establecimientos ubicados en entidades que viven los mayores índices de violencia.

Expresó que es fundamental otorgar un respaldo extraordinario a quienes desarrollan actividades de servicios de guarderías subrogadas, “antes de que haya una tragedia más y para que exista la tranquilidad de que no serán objeto de lo que se traduciría en enormes desgracias”.

A través de un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente y que analiza la Segunda Comisión, solicitó sean incluidas en la reglamentación y/o en los convenios que celebra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con los prestadores de servicio de guarderías subrogadas, medidas de prevención por el cierre temporal sin que sean objeto de sanciones.

Lo anterior, no sólo por cuestiones internas o contingencias naturales, sino por situaciones externas, tales como la confrontación que sostengan las fuerzas del orden contra delincuentes o cuando se tenga conocimiento que en una localidad habría cualquier conato de violencia y, en general, todos aquellos aspectos perjudiciales como amenazas, extorsiones, entre otros fenómenos de alteración social.

Terrazas Porras refiere en el documento que en los últimos años se ha acentuado en el país la confrontación que sostienen las fuerzas del orden del gobierno federal contra la delincuencia organizada.

Menciona que estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública, del 1 de diciembre de 2006 hasta finales de julio de 2010, habían muerto un total de 2 mil 76 policías en enfrentamientos y ataques, de los cuales 915 eran municipales, 698 estatales, y 463 federales, pero “no se establecen o publicitan los daños o decesos colaterales provocados”.

Entre los ejecutados en la guerra contra el narcotráfico, indica, han muerto alrededor de mil 600 menores de edad, y 40 mil niños quedaron huérfanos por la misma situación, de acuerdo con un estudio de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

“Como puede apreciarse, el sector más vulnerable y afectado por la lucha contra el narcotráfico está siendo el de la niñez; sobre todo, porque también se ven perturbados en los enfrentamientos o balaceras sostenidas entre delincuentes y elementos del orden, o por ser hijos de militares o policías; esto ha propiciado que un gran número de menores se hayan quedado sin sus padres y con daños físicos y mentales”, afirma la diputada.

La propuesta pide al ejecutivo federal, a través del IMSS, presente un informe sobre las estrategias y/o medidas de apoyo que habrá de aplicar para respaldar a los prestadores de servicio de guarderías subrogadas, para que no tengan sanciones económicas por el cierre temporal de sus instalaciones con motivo de amenazas y agresiones de criminales o por los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y la delincuencia organizada.

También se solicita un informe de las estrategias que implementará el IMSS para proteger la seguridad e integridad de los niños y personal en las instalaciones de las guarderías subrogadas.

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