Diputados de la Comisión de Economía se reunieron con el subsecretario de Competitividad y Normatividad de la SE, José Antonio Torre Medina, y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Bernardo Altamirano Rodríguez, para conocer la evaluación del sistema de verificación de maquinas expendedoras de gasolinas de litro por litro, y la expedición de una Norma Oficial Mexicana para expendios de gasolina.

El presidente de la Comisión, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, del grupo parlamentario del PRI, explicó que la reunión fue para conocer los esquemas de verificación en los expendios de gasolina, “donde generalmente hay muchas críticas de los consumidores de que no se entregan litro por litro”.

Precisó que el tema alcanzó un nivel de preocupación significativo debido a varias notas periodísticas, donde se hace referencia a un proceso de investigación que todavía no culmina y en el cual estaban involucrados algunos mandos de la administración anterior de la Profeco.

Con dicha investigación, resaltó, una subprocuradora –la de Verificación-, estuvo en un proceso, pues hubo reclamos por parte de los gasolineros, donde se les solicitó una contribución de 50 mil pesos mensuales “con algunos fines extraños”.

Guajardo Villarreal mencionó que ante esa situación, la Comisión convocó a “quienes han trabajado en una nueva Norma Oficial en materia de verificación; ojalá sea la solución de fondo del problema en gasolineras”.

Se necesita, dijo, conocer cuáles han sido las acciones de la Profeco en materia de verificación; cómo va el caso de investigación sobre prácticas de corrupción que tienen actualmente en proceso a varios verificadores y saber hacia dónde se dirige esa indagatoria.

“Los consumidores del país han demostrado que algunos empresarios en sus márgenes de ganancias no son los óptimos y, por lo tanto, han abierto una puerta de participación indebida para poder lucrar de manera indebida y haciendo partícipes a funcionarios”, denunció.

El diputado Guillermo Ruiz de Teresa, del grupo parlamentario del PRI, indicó que los números de la Secretaría de Economía respecto de la venta de litros incompletos “no cuadran”, por lo que es necesario ir más a fondo.

No podemos dejar que la Secretaría de Economía nos diga en un boletín que se pierden 47 mil millones de pesos, porque habían clasificado las pérdidas que eran de alrededor de 9.5 de lo que se despachaba en las bombas, y que había más de cinco mil gasolineras que no despachaban litros de a litro. Es decir, sabían todo este negocio y hay 580 multas; como que no me suma”, enfatizó

Por otro lado, agregó, existe una acusación de que se daban 50 mil pesos por cada gasolinera; si seis mil o cinco mil y pico de gasolineras tienen este problema, identificadas por la propia Secretaría de Economía, estamos hablando que al final del año son poco menos de tres mil millones de pesos, casi el 10 por ciento de aquello que no se entrega.

Los números están graves, dijo, y “si tenemos cuatro años y medio estamos hablando de 200 mil millones de pesos que alguien dejó de ganar. Alguien perdió o alguien ganó. No queda claro”, señaló.

Enseguida, la diputada Norma Sánchez Romero, del grupo parlamentario del PAN, manifestó su preocupación respecto de si el proyecto de la NOM garantiza un óptimo servicio para los usuarios en compra de gasolina, si el costo de su aplicación se justifica en función del beneficio del ciudadano y sobre la manera de asegurar la debida aplicación de esta NOM que proponen.

A su vez, el diputado José Luis Velasco Lino, del grupo parlamentario del PRI, dijo que han sido pocas las verificaciones contra el número de denuncias, por lo que podrían contratar mayor número de verificadores para elevar el porcentaje del cumplimiento y añadió que no debe ser objeción la falta de presupuesto o de personal.

Afirmó que la “clonación” de tarjetas bancarias ha venido ocurriendo con mayor frecuencia en las gasolinerías, por lo que mencionó la conveniencia de instalar máquinas que despachen el combustible y puedan hacer el cobro electrónico con dispositivos de seguridad.

El subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, José Antonio Torre Medina, subrayó que es importante que la norma se adapte y avance conforme a la tecnología de los dispensarios de gasolina.

Recalcó que la norma vigente carece de disposiciones para controlar la sustitución e intervención de componentes electrónicos de los dispensarios, lo cual abre la posibilidad de que se alteren. “La NOM vigente no garantiza la integridad de los dispensarios en todo momento; ha enfrentado 50 juicios y en 39 se ha declarado su nulidad por vicios de procedencia”.

La NOM, añadió, debe revisarse a los cinco años de su entrada en vigor; la modificación que se propone son parte del proceso de revisión quinquenal pues la norma actual entró en vigor en diciembre de 2005. “Se necesita lograr con esta nueva norma proteger la integridad de los dispensarios en cualquier momento y no únicamente en el momento de la verificación particular”.

“Nosotros estimamos que la entrada en vigencia de la nueva Norma sea a principios del 2012, lo cambios de fondo son: incorporar la verificación de los aditamentos de confiabilidad; visibilidad, permanencia e inborrabilidad de las etiquetas de identificación de las tarjetas electrónicas del software cuando la pantalla de inicio del dispensario no proporcione esa información, y la determinación de características de interconexión del dispensario con otros sistemas”, precisó.

El titular de la Profeco, Bernardo Altamirano Rodríguez, explicó que el proceso de verificación se realiza por dos vías: la denuncia ciudadana y el programa permanente de la Procuraduría, pero “estos no son excluyentes, por lo que una gasolinería puede tener varias verificaciones en el año”.

Refirió que en 2010 la Profeco realizó diez mil 169 verificaciones en todo el país; se impusieron un total de 580 multas por infracciones a diversas disposiciones con un valor de 20 millones 591 mil pesos.

Durante 2010, abundó, se atendieron tres mil 347 denuncias de la ciudadanía; es decir, del total de verificaciones que se realizaron en el año pasado, 6 mil 882 corresponden a los programas continuos de verificación y el resto se atendieron vía denuncias ciudadanas.

Altamirano Rodríguez puntualizó que desde el 2009 la Profeco puso en marcha el programa “quién es quien en las gasolineras”, el cual es una herramienta de transparencia y de información para la mejor toma de decisiones. “En lo que va del 2011 esta herramienta ha tenido más de 870 mil visitas, es decir un promedio de 145 mil visitas mensuales”.

Mencionó que para evitar abusos a los particulares y perfeccionar los actos de verificación, se ha realizado una restructuración de mandos dentro de la subprocuraduría de Verificación y se ha invitado a los ciudadanos para que denuncien a cualquier servidor público que valiéndose de su cargo pretenda sacar un beneficio personal.

Por su parte, el subprocurador de Verificaciones de la Profeco, Rubén Durán Miranda, explicó que el costo promedio de una verificación, calculando el número de verificadores, las brigadas, recursos humanos, materiales y financieros, es de mil 513 por verificación y de 2 mil 47 pesos por instrumento inmovilizado. Se tienen en el padrón 9 mil 257 gasolinerías y más de la mitad de las estaciones de servicio se han calibrado.

Destacó la importancia de contar con una norma que sea lo más estricta posible para que posibilite la reducción del margen de falla de estos instrumentos de medición. “Contar con el tipo de mecanismos en los instrumentos que garanticen que no sean manipulados”.

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