El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que es fundamental para el Estado mexicano, los tres Poderes de la Unión en su conjunto, dejar perfectamente claro el altísimo grado de importancia que tienen para los mexicanos los derechos humanos.

Por ello, destacó ante el Presidente Felipe Calderón, y la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay, que recientemente el Congreso de la Unión aprobó una reforma para elevar a rango Constitucional los derechos humanos inherentes a toda persona, reconociendo la diversidad que significa a la sociedad mexicana y resumiendo la pluralidad que lo compone.
Con ella, subrayó, se da un gran paso en la modernización del sistema jurídico mexicano, cuya tradición deviene de la Declaración de Derechos del Hombre en la Revolución Francesa o desde la Constitución de Apatzingán, en 1814, en la que se reconocen los derechos de libertad, propiedad, igualdad y seguridad; que tuvo su siguiente etapa en las Leyes de Reforma en 1857, con las que el Estado se hizo cargo de tutelar todo el proceso vital de los individuos sentando las bases del Estado laico y la Constitución de 1917, con todo su capitulado inicial de garantías individuales.
“Esta tradición tenía que modernizarse conceptualmente, para pasar de ser un hecho tutelado por el Estado a ser, con la reciente reforma, un derecho inalienable de la dignidad de toda persona que nace, vive o transita en México”, comentó durante el evento Derechos Humanos. México y la ONU: Construyendo Hacia el Futuro.
De ahí, dijo, el concepto de propersona que imbuye al espíritu de toda esta reforma. La inclusión y la igualdad en la diversidad son ahora las premisas que sustentan el estado de derecho, reconociendo plenamente las normas internacionales e insertándonos en la modernidad democrática y el avance mundial en materia de derechos humanos.
“Se entiende que a partir de esta reforma, amerita un replanteamiento integral de la política pública, principalmente en lo que se refiere al desarrollo social, cultura, educación para trascender una práctica asistencial y fortalecer la concepción que propicia el desarrollo de la persona y la vincula con su colectividad y con su entorno”, indicó.

Hoy, afirmó el diputado presidente, es vigente también una nueva Ley de Migración animada por el reconocimiento a la dignidad e integridad de las personas nacionales y extranjeras, que constituyen el muy complejo fenómeno migratorio en México.
“Cómo pueden abrirse las fronteras al flujo de las mercancías y no tomar providencias en lo que respecta al tránsito humano. Una ley humanista que se inscribe bajo la consideración de que la trata de personas es un tema multifactorial y mucho más allá de una simple connotación sexual”, apuntó.
Ramírez Marín afirmó que los mexicanos debemos conminarnos y procurar expresarnos en un cauce de absoluta certeza con respecto al tema de los derechos humanos.
“Carecería de sentido o, peor aún, de utilidad, ocultar en la retórica alguna interpretación de cifras en algún análisis maniqueo, tratando de suplir el hecho de que la colectividad mexicana, a lo largo y ancho de nuestro vasto territorio comparte el deseo de erradicar dolor, miedo y escepticismo. Hay nombres y llantos que, al hacerse público, nos han hecho inocultable esta realidad, y nos han hecho responsables ante esta realidad”.

Consideró que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, se lleva durante su visita a México, una impresión sobre la manera en que “institucionalmente estamos abordando la responsabilidad del Estado mexicano para fomentar el ejercicio de los derechos humanos, que atraviesa por la responsabilidad del acceso a la justicia distributiva, acceso en el que todos los presentes concordamos”.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Manuel Cadena, y la esposa del Primer Mandatario, Margarita Zavala.

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