El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado José Luis Ovando Patrón, pidió exhortar a las autoridades penitenciarias de las entidades federativas y del Distrito Federal para que establezcan medidas de vigilancia especial en los penales para combatir el delito de extorsión que se comete desde el interior de las cárceles.

En un punto de acuerdo que analiza la Primera Comisión de la Permanente, añade que el problema es de tal magnitud que se presume la complicidad de los custodios, que reciben el 30 por ciento de cada extorsión.

“Además ha surgido otro negocio en los reclusorios, donde los teléfonos los rentan custodios en mil 500 pesos semanales; esta renta se paga por dormitorio o por reo”, advirtió.

Asimismo, solicitó que estas autoridades cumplan con los objetivos de la reinserción social con base en el trabajo, la capacitación laboral, la educación, la salud y el deporte.

El legislador, del grupo parlamentario del PAN, señaló que la situación en el sistema penitenciario de algunas entidades es alarmante, “pues lejos de lograr la readaptación de los sentenciados, en muchas ocasiones los convierte en delincuentes más peligrosos”.

Agregó que “las prisiones estatales son verdaderas universidades del crimen; lo anterior refleja la corrupción y la impunidad de las autoridades penitenciarias”.

Subrayó que las extorsiones en nuestro país han aumentado; el Estado de México y el Distrito Federal son las entidades con la mayor problemática.

Refirió que según datos del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C., “las extorsiones en México provienen en un 90 por ciento de los penales, el 90 por ciento proviene desde penales del Distrito Federal; 15 de las bandas más activas operan en cárceles capitalinas y nueve en el Estado de México.

De acuerdo con información de la Presidencia de la República, durante el año 2010 la entidad con más casos de extorsión fue el Estado de México con poco más del 18 por ciento. Por su parte, el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal informó que se recibieron 43 mil 356 denuncias ciudadanas.

Las ganancias por la comisión de este delito en el periodo 2001 a 2011 se han estimado en, aproximadamente, 900 millones de pesos, añade el documento.

Ovando Patrón subrayó que si bien se han hecho esfuerzos para combatir este delito en las cárceles estatales, como la colocación de inhibidores de señal de teléfonos celulares, no han funcionado debido a que los extorsionadores y la corrupción al interior de los centros de readaptación han evolucionado.

“Ahora las extorsiones se hacen a través de telefonía IP generalmente utilizando el servicio “Skype” para lo que se necesita contar con acceso a Internet y generalmente una tarjeta de crédito o debito para comprar tiempo aire”, resaltó.

Lo anterior confirma la corrupción e impunidad que impera en las cárceles de los estados, sobre todo del Distrito Federal y del Estado de México, agregó.

“Debemos unirnos como Poder Legislativo al reclamo de la sociedad que es víctima de los extorsionadores, exigiéndole a los estados la República que apliquen la ley y cumplan con su obligación de reintegrar a las personas sentenciadas a la sociedad”, puntualizó.

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