La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del grupo parlamentario del PAN, impulsa una iniciativa que reforma la Ley General de Salud para establecer sanciones de cinco a ocho años de prisión a quien realice prácticas médicas que provoquen la esterilización de las personas.

En el documento señala que serán sancionados quienes incluso con el consentimiento o sin él, asistan a las personas que fuesen menores de edad o incapaces y sin razón médica o quirúrgica debidamente comprobada en la que se realice dicha actividad.

Propone sancionar a cualquier profesional, técnico o auxiliar en las disciplinas para la salud y en general a toda persona relacionada en prácticas médicas que se involucren en procedimientos de esterilización forzada.

Subraya que la iniciativa es importante debido a que la esterilización forzada dirigida a una o un individuo en particular no se encuentra penalizada.

Precisa que actualmente no es penalizado si una persona somete a otra a un procedimiento médico o quirúrgico que impida su capacidad reproductiva, sin su consentimiento, aunado a que cualquiera puede practicar la esterilización forzada sin más sanción que la administrativa de la que dispone la Ley General de Salud.

La también integrante de la Comisión de Equidad y Género, expone que en algunos países con el pretexto de promover el control poblacional se practica la esterilización forzada, tal es el caso de México donde esta actividad se lleva a cabo principalmente en los grupos indígenas.

Refiere que el Comité contra la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que en nuestro país se conducen cirugías de esterilización forzada principalmente en estos grupos.

Ante ello, la ONU recomendó tomar las medidas adecuadas para erradicar prejuicios raciales que conducen a la discriminación, fenómeno que afecta a 12 millones de indígenas mexicanos, agrega.

“Es innegable el problema del crecimiento poblacional, pero también es innegable que el problema radica en la inequidad que prevalece y que hace que los grupos vulnerables sufran de más abusos”, enfatiza.

Menciona que practicar la esterilización forzada a indígenas, que forman parte de uno de los grupos victimarios de la desigualdad, es sin duda un atentado que cuestiona el valor humano y moral de los que implementan este tipo de políticas.
La iniciativa que adiciona el artículo 466 bis a la Ley General de Salud fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis.

-- ooOoo --