La presidenta de la Comisión de Cultura, diputada Kenia López Rabadán, declaró que el Consejo Asesor del Marco Jurídico de la Cultura en México tendrá total autonomía en sus decisiones, discusiones y en la propuesta que presente a este órgano legislativo.

En su primera reunión, el Consejo Asesor solicitó la revisión de todas las iniciativas debatidas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, que tienen que ver con el tema de cultura para trabajar en ese material.

López Rabadán, del grupo parlamentario del PAN, afirmó que el Consejo Asesor –integrado por Lucina Jiménez, Jorge Antonio Sánchez Cordero, Renato González Mello, Eduardo Cruz Vázquez, Renán Guillermo González, Hilda Trujillo y Rafael Meza Iturbide— es representativo y autónomo para tomar decisiones.

Agregó que en la Comisión que preside, la discusión del marco jurídico para la cultura es prioridad, y manifestó la disposición para esperar el resultado de este esfuerzo colectivo.

“Éste es el medio idóneo de tener comunicación entre las instituciones y quienes forma parte de la comunidad cultural de México, para construir de manera consensuada un marco jurídico”, precisó.

A nombre del Consejo Asesor, Lucina Jiménez dijo que se decidió iniciar este proceso con temas prioritarios para abordar el debate sobre el marco jurídico del sector cultural, en un contexto amplio de contemporaneidad en relación a lo que requiere en México respecto a los derechos culturales.

Subrayó que el trabajo del Consejo Asesor no estará subordinado a intereses partidarios ni a tiempos políticos, “porque hay de por medio una responsabilidad social muy grande frente a un sector que tiene una gran diversidad, una gran riqueza”.

Destacó que el debate debe tener una visión contemporánea, en un proceso donde cobra relevancia la discusión de los derechos culturales de una ciudadanía diversa y plural, que ha crecido y madurado.

Los temas fundamentales son cultura, desarrollo y sociedad, y nuevos vínculos entre federación, estados y municipios. “Si se logra una propuesta de prioridades de agenda legislativa, y no circunscribir el debate a la institucionalidad, será una contribución importante dado que la cultura es multidimensional”, subrayó.

Enfatizó que la cultura no debe subordinarse a la política, “el proceso jurídico en torno a la cultura debe tener autonomía”, enfatizó.

Renán Guillermo González, director del Instituto de Cultura de Yucatán, señaló que se debe tener cuidado para que la ley de cultura esté al servicio de artistas y creadores municipales.

Planteó la posibilidad de revisar el principio de no reelección para el caso de gobiernos municipales, pues “tres años de los presidentes municipales son insuficientes para detonar un proyecto, más aún uno cultural, porque cada vez que nos refiramos a un proyecto de cultura, hablamos de proyectos de vida”.

En su oportunidad, Jorge Sánchez Cordero mencionó que se busca enriquecer la discusión y el debate con propuestas para contar con una ley de coordinación cultural entre federación, entidades federativas, municipios y el D.F.

Indicó que el Artículo 4° de la Constitución, contiene elementos importantes que requieren una legislación secundaria; “no las libertades culturales mexicanas, pero sí otras, como democracia cultural, la identidad cultural, el pluralismo cultural mexicano y una serie de elementos importantes que se pueden debatir y enriquecer”.

Señaló que la reforma de los artículos 4° y 73 constitucionales es una de las más grandes que el México moderno ha debatido y hecho. “Es una revolución silenciosa, de gran profundidad que en la medida en que empiece a arraigarse veremos cambios muy importantes en los patrones de conducta de la sociedad en materia cultural”.

El patrimonio cultural inmaterial, dijo, es competencia de las entidades federativas. “Esa es la discusión en el Congreso, la decisión del Estado y es la que debemos respetar”.

Manifestó que el Consejo tiene la obligación de levantar el inventario para proteger e institucionalizar el fomento de este patrimonio cultural que es dinámico y cambiante.

Renato González Mello refirió que la discusión ha sido sobre distintas leyes relacionadas con la cultura, centrándose en las facultades de las instituciones, pero al establecerse el derecho de acceso a la cultura, la discusión deberá incluir necesariamente una consideración sobre los derechos de los ciudadanos.

Destacó que esta discusión tiene sus propios plazos, pues “proyectos de esta naturaleza difícilmente pueden sujetarse a calendarios perentorios”. Añadió que se debe tener una visión integral del problema y a partir de ello definir las prioridades legislativas.

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