La Comisión de Derechos Humanos se reunió con el director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, para analizar la viabilidad de la construcción de diversas presas (El Zapotillo, entre otras) en el país, y los problemas de inundaciones y hundimientos a causa de los fenómenos naturales.

Por la Comisión, su presidente, diputado Manuel Cadena Morales, del grupo parlamentario del PRI, dijo que es importante centrarse en el tema de derechos humanos, pues “todo el programa de actividad de la Conagua se relaciona con el respeto y preservación de los mismos”.

El diputado Salvador Caro Cabrera, del grupo parlamentario del PRI, denunció que la construcción de la presa El Zapotillo no cuenta con los permisos municipales ni con los decretos necesarios. Argumentó que “las presas en la actualidad representan un negocio político; no sirven para beneficiar a los pobladores y la prueba más clara está en la presa de la Yesca”.

Del grupo parlamentario del PRI, Eduardo Yáñez Montaño destacó que el problema de Chalco ya había sido planteado al organismo, por lo que se espera “llevar a los que habitan ahí una propuesta del gobierno federal, de qué se está haciendo de manera preventiva para garantizar el derecho a la vivienda que se tiene”.

Por su parte, la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del grupo parlamentario del PAN, mencionó que de no realizarse la obra de El Zapotillo se estarían agotando los acuíferos, ya que se requiere satisfacer las necesidades locales, por lo que pidió que se expliquen las ventajas que traerá la construcción de la presa.

Francisco Javier Orduño Valdez, del grupo parlamentario del PAN, afirmó que el país carece de la infraestructura en presas, pues se tiene el 40 por ciento cuando se debería andar entre el 60 y 70 por ciento. Este tipo de infraestructura genera desarrollo económico para los habitantes de la zona.

En su intervención, la diputada Florentina Rosario Morales, del grupo parlamentario del PRD, pidió se precise a cuánto asciende el volumen del consumo humano e industrial de la presa El Zapotillo.

Con relación a la presa hidráulica la Parota, dijo que construirla causaría la inundación de más de 17 mil hectáreas de terrenos, además que se desplazarán a más de 100 mil campesinos de Guerrero. “La presa no nos beneficia, los campesinos no fueron avisados en tiempo y forma y esto daña sus derechos”, precisó.

La diputada Teresa Reyes Sahagún, del grupo parlamentario del PT, expresó que es necesario controlar las inundaciones que se dan en el país, y en particular en el Estado de México, pues se convierten en una catástrofe para los habitantes de la zona conurbada de la entidad.

“Ahí es donde se tendría que invertir recursos, es decir controlar y resolver el tema del Canal de la Compañía y el Río de los Remedios, para que se dejen de inundar cada ocho días los municipios de Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Ecatepec”, enfatizó.

Después de rendir protesta de decir la verdad, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, mencionó que desde el arranque de la presente administración se han atendido 275 quejas de ciudadanos y organismos ante la CNDH. “Todas las quejas han sido atendidas y las estamos atendiendo”.

Puntualizó que la mayoría de las quejas van enfocadas a la construcción de infraestructura, la falta de agua o calidad, así como inundaciones, “hemos recibido algunas quejas por daños a las viviendas como consecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos”.

Respecto a la presa El Zapotillo, dijo, representa el programa más integral e importante de la Conagua, pues garantizará el abastecimiento de agua potable para varias zonas del país, como León-Guanajuato, Los Altos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara.

Mencionó que las quejas que se han recibido sobre la presa se refieren al derecho a la información, al medio ambiente y a la vivienda digna. Agregó que las tres comunidades que se afectan -Acasico, Palmarejo y Temacapulin- tuvieron reuniones informativas en diversas mesas de trabajo, por lo que sí se cumplió con dicho derecho.

El director de la Conagua, expresó que en dichas mesas se presentó la documentación del impacto ambiental y los permisos. Sobre la vivienda digna, en Acasico y Palmarejo, los pobladores están firmando los convenios y en el de Temacapulin, “es donde se encuentra la negociación por parte de las autoridades del estado; el organismo no hace las negociaciones directamente”.

Con la presa, afirmó, se garantizará agua potable a 2 millones 400 mil habitantes. De los cuales, 350 mil son en los Altos de Jalisco; un millón 100 mil en León-Guanajuato, y 950 mil en la zona conurbana de Guadalajara.

Respecto a las inundaciones, mencionó que si se revisa el número de decesos por esta causa, la tendencia es decreciente, lo que quiere decir que funcionan los avisos de prevención, sin embargo las inversiones que se tienen que hacer a través del Fonden, por fenómenos hidrometeorológicos van a la alza, por lo que “conforme crece la población estamos teniendo mayor vulnerabilidad y más problemas de control”.

Agregó que la problemática que conlleva el fenómeno de hundimientos en la Ciudad de México es grave y crítica. “La Conagua lo ha estado enmarcando desde hace años; estamos ante un serio problema; la sobreextracción de agua y el crecimiento excesivo hacia zonas de inundación es lo que está provocando este tipo de fenómenos tan graves”.

Los hundimientos, afirmó, son consecuencia de una mala planeación y de una sobreextracción de agua. “El tema de Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca son una preocupación y su hundimiento es inmanejable; nos ha llevado a una situación sin retorno”.

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