Ante la falta de control, supervisión y fiscalización, se desconoce la manera en que viven cerca de 28 mil 107 niños en los albergues del país, lo cual permite que sus derechos sean transgredidos y evidencia la falta de aplicación de la ley.
La diputada Caritina Sáenz Vargas, del grupo parlamentario del PVEM, presentó punto de acuerdo que exhorta al ejecutivo a instruir a la Secretaría de Salud para que, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), revise los albergues infantiles públicos y privados para conocer cuántos son y en qué condiciones operan.

El acuerdo, turnado a la Segunda Comisión de la Permanente, tiene como objetivo conocer en qué condiciones funcionan los albergues o que se registren para operar, bajo la exigencia que cuenten con la infraestructura, personal capacitado y documentos sobre los menores que ingresan.

Indicó que de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), México ocupa el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños huérfanos con 1.6 millones de casos, después de Brasil, que encabeza la lista con 3.7 millones de los 10 millones 700 mil censados en toda Latinoamérica.

Agregó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2010 reportaba que se tenían censados cerca de 28 mil 107 niños, niñas y adolescentes habitando en casas-hogar, orfanatos y casas de cunas de todo el país.

Mencionó que los albergues representan una opción para miles de menores huérfanos, o para quienes son víctimas de abandono, vejación y maltrato de sus familiares; sin embargo, debido a la falta de control e incluso al desconocimiento sobre su operación, no siempre se cumple con la tarea de cuidar y proteger a los infantes.

La legisladora manifestó que los datos del Sistema Nacional de Información de la Asistencia Social señalan que a enero de 2009 se tenían registrados un total de 10 mil 326 menores en los albergues del país, la gran mayoría privados; pero no se conoce la información de 17 estados, porque no existe.

Sin embargo, añadió que la Red por los Derechos de la Infancia en México tiene otras cifras, según las cuales el año pasado existían 29 mil 310 niños que no contaban con cuidados familiares ni institucionales.

En este sentido, la falta de información oficial confiable respecto a cuántos menores se encuentran en albergues, quiénes son, dónde y cómo están, aumenta aún más el riesgo de maltrato e impunidad en contra de estos menores.
En el documento enfatizó los hechos ocurridos en Casitas del Sur, albergue temporal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, “que además funcionaba bajo la figura de reintegración social, que era una asociación civil y en realidad no la supervisaba nadie”.
Expuso que en este lugar fueron rescatados 126 menores que eran maltratados y se detectó la desaparición de 22, ya que la misma asociación civil administraba albergues en Cancún y Monterrey, donde también se registró la desaparición de menores.
El punto de acuerdo también resaltó el caso de a los 17 niños que fueron rescatados del Instituto Casa Hogar Nuestro Señor de la Misericordia y Nuestra Señora de la Salette A.C., en Cuajimalpa, Distrito Federal, que eran maltratados y los tenían amenazados de muerte para que no hablaran sobre las condiciones inhumanas en que vivían.
La legisladora afirmó en el documento que, a pesar de que los menores estaban desnutridos, sucios, en condiciones insalubres, los “administradores” del lugar no habían sido molestados en años, hasta que fueron denunciados por una trabajadora voluntaria, quien descubrió que los pequeños eran agredidos física y psicológicamente.
Esta situación, subrayó la diputada Sáenz Vargas, dio origen a este exhorto, ya que es necesario atender la falta de supervisión sobre albergues que no cumplen con lo que debería ser su principal y más importante tarea: cuidar y proteger a los infantes.

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