Debido a que la inseguridad es un factor importante para que mexicanos abandonen sus hogares, la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del grupo parlamentario del PRI, se manifestó porque el ejecutivo federal diseñe y ejecute un programa de atención integral a los desplazados internos.

En un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente menciona que en lo que va de este sexenio en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango, el desplazamiento ha sido forzado por la presencia de la delincuencia organizada.

“Ya sea que los enfrentamientos constantes o amenazas directas del crimen organizado produzcan un éxodo masivo o bien que dicho desplazamiento se dé a cuentagotas. Somos testigos de que familias completas desaparecen de un día para otro; vemos pueblos enteros sin actividad comercial sustantiva, abandono de actividades ganaderas y agrícolas; comunidades y ciudades empobrecidas; pueblos fantasma”, puntualiza.

Si bien, se añade, México no dispone de estadísticas oficiales sobre desplazados internos y las estimaciones varían, algunas cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en su Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-2009 calculan entre 3 mil y 21 mil desplazados internos.

El Observatorio de Desplazamiento Interno, centro que monitorea el fenómeno a nivel global y que depende del Consejo Noruego de Refugiados, estimó en 2010 que cerca de 230 mil mexicanos han debido cambiar su residencia en lo que va del sexenio y que 120 mil de estas personas migraron para ponerse a salvo.

La secretaria de la Comisión de Gobernación destaca en la propuesta que de acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en esa capital, en 5 años se han acumulado 116 mil hogares vacíos, 11 mil comercios cerraron sus puertas y 11 mil alumnos abandonaron sus estudios.

La característica común entre la población desplazada en México es la presencia mayoritaria de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En el documento se destaca que de ese panorama se desprende el deber legal y la obligación del Estado para dar solución a las violaciones de derechos humanos derivados del fenómeno del desplazamiento interno.

Se refiere que el número de mexicanos que pide asilo en el extranjero crece, pues se calcula que son alrededor de 6 mil 500 personas, mientras que otros 9 mil trámites se encuentran en proceso ante los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. “Dichas solicitudes se han incrementado en el último año por la ola de violencia en la frontera”.

Frente a esta situación, la diputada del grupo parlamentario del PRI solicitó aplicar una política de atención integral a los desplazados internos, conforme a la adopción de los Principios Rectores de los Desplazados Internos de la Organización de las Naciones Unidas.

De igual modo, pidió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría de Gobernación diseñen indicadores y criterios uniformes entre el gobierno federal, las entidades federativas y la sociedad civil, para elaborar un diagnóstico sobre los desplazados internos en México.

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