Como parte del análisis a las minutas del Senado de la República que reforman la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la que crea la Ley Anticorrupción, la Comisión de la Función Pública se reunió con la subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad, Elizabeth Yáñez Robles.

El presidente de este órgano legislativo, diputado Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, dijo que la comisión realizará una profunda revisión de las dos iniciativas presentadas por el ejecutivo, “para lograr una propuesta integral que coadyuve a erradicar las prácticas de corrupción e impunidad dentro del gobierno”.

Y agregó: “cuando tengamos un dictamen que estemos seguros que va a funcionar, habrá que hacer una evaluación seria de la actuación de la Secretaría de la Función Pública, para saber si con estas atribuciones ayudamos a combatir la corrupción o la aumentamos”.

Puntualizó que las minutas en los términos que han sido entregadas a la Cámara de Diputados no deben ser aprobadas, ya que presentan desarticulaciones con organismos involucrados para la protección de los denunciantes.

“Por eso propongo continuar con los trabajos para hacer la revisión que permita articular la labor de la PGR, el IFE, la CNDH y, en general, de todos las dependencias involucradas. Sin duda, cualquier iniciativa anticorrupción debe ser valorada en colaboración con la Secretaría de la Función Pública”, acotó.

En tanto, la subsecretaria de la Función Pública, Elizabeth Yáñez, informó que de contar con sanciones más enérgicas contra la corrupción se generaría un ahorro de 100 mil millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Subrayó que de 2007 a 2011 se realizaron 36 mil 841 sanciones administrativas a servidores públicos; además, se inhabilitó a cuatro mil 716 por corrupción o ineficiencia en la aplicación de los recursos, tres mil 409 por sanciones económicas y mil 56 funcionarios fueron destituidos.

Indicó que las modificaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos buscan incrementar las sanciones a los funcionarios que actúan en contra de quien aporte información en una investigación. “Se tipifican estos actos como falta grave, lo que puede llevar a la destitución de su cargo y una inhabilitación de 10 a 20 años”.

La funcionaria explicó que en el caso de la creación de la Ley Anticorrupción en contrataciones públicas, va directamente a sancionar a las empresas que actúan con falta de ética y que cometan actos de cohecho en licitaciones pública.

Agregó que tiene registro de casos donde “las empresas se coluden para quedarse con las licitaciones de manera ilícita o tienen participación ilegal”.

Yáñez Robles precisó que actualmente se puede sancionar la presentación de documentos falsos, la participación de dos o más empresas relacionadas entre ellas en una misma licitación, “lo cual lo prohíbe la ley o podemos sancionar la firma de un contrato; no obstante, las sanciones que permite la ley en estos rubros son mínimas, por lo que se requiere de endurecer los castigos”.

El diputado Marcos Pérez Esquer, del grupo parlamentario del PAN, se pronunció a favor de aprobar las minutas en sus términos, “porque creemos que los senadores hicieron un trabajo magnífico”.

Desde luego, afirmó, esto no implica que no estemos dispuestos y abiertos a participar de los trabajos para hacerle mejoras; pero también decir con toda contundencia que Acción Nacional estaría dispuesto hoy a aprobar este paquete en sus términos.

En tanto, la diputada Janet González Tostado, del grupo parlamentario del PRI, enfatizó que en todos los niveles de gobierno existe corrupción, “por ello la urgencia de implementar mecanismos que sancionen estas prácticas”.

Señaló que se debe revisar el tema de los subejercicios, “creo que se trata de corrupción cuando nosotros aprobamos el presupuesto en tiempo y forma y al llegar esos recursos a las secretarías y sabiendo que hay fechas para ejercerlos no lo hacen”.

El diputado Agustín Guerrero Castillo, del grupo parlamentario del PRD, aseveró se debe realizar un análisis detallado de las minutas; “no daremos un cheque en blanco, sobre todo cuando se plantea etiquetar mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Argumentó que las minutas habrán de revisarse y perfeccionar “para combatir las causas y no los efectos, porque estoy convencido de que la mejor manera de alentar la denuncia de casos de corrupción por parte de los ciudadanos son los resultados, es decir, evitar la impunidad”.

También participaron las diputadas Ivideliza Reyes Hernández, Kenia López Rabadán y el diputado Enrique Torres Delgado, del grupo parlamentario del PAN; así como los diputados Francisco Rábago Castillo, Víctor Galicia Ávila y Josué Valdés Huezo, del grupo parlamentario del PRI.

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