La Comisión de Gobernación aprobó en lo general el proyecto de dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional e informó que la secretaría técnica de la instancia recibirá, a partir de este lunes, el registro de todas las reservas que presenten los legisladores, para que posteriormente se vote en lo particular.

Asimismo, los legisladores solicitarán trabajar con la Cámara de Senadores bajo la figura de la conferencia parlamentaria, para el desahogo de la minuta de reformas a la Ley de Seguridad Nacional.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Javier Corral Jurado, explicó que el proyecto de dictamen es prácticamente en sus términos la minuta del Senado “porque no se tenía otro documento que pudiera representar tal calidad en el consenso por la decisión unánime de la colegisladora. Fue votado por unanimidad de todos los integrantes presentes, sólo se dieron dos reservas sobre un artículo en específico”.

El legislador del grupo parlamentario del PAN precisó que el proyecto de dictamen se incluye una propuesta para definir cómo deben ser juzgados los miembros de las fuerzas armadas que cometieran alguna violación a los derechos humanos dentro de la declaratoria de afectación a la seguridad interior, como lo habían solicitado los senadores Pablo Gómez y Ricardo Monreal.

Otras modificaciones, dijo, son fundamentalmente de técnica legislativa, “ya no existe el título como se denomina a la Ley del Sistema de Seguridad Pública; también se trató de homologar las expresiones que tienen referencia a los derechos humanos y las medidas de protección judicial, ya que la minuta original los contemplaba sólo en materia de garantías individuales, toda vez que fue aprobada antes que la reforma al articulo 29 de la Constitución”.

Corral Jurado destacó la importancia de votar en lo general el proyecto de dictamen “pues se afianza una decisión política, que es una señal para la colegisladora pero también es una señal entre nosotros de buena voluntad”. Enfatizó que se reservaron prácticamente todos los artículos de la minuta, lo que señala que será una discusión seria de los contenidos de la propuesta.

El legislador comentó que no fue ni farsa, ni burla el proceso de consulta. “Lo hemos convocado para tener a la vista los distintos argumentos, propuestas, cuestionamientos y se ha hecho una sistematización de esos puntos de vista y se han ubicado cuando han sido puntuales sobre el artículo de referencia”.

Afirmó: “hay voces que vamos a tomar en cuenta, como las de los miembros de las organizaciones que conforman el Movimiento por la paz con justicia y dignidad, que centralmente colocaron como una de sus impugnaciones y preocupaciones el tema de la Ley de Seguridad Nacional. Por supuesto que recogemos esas voces de preocupación, como las de los ponentes que se presentaron y que nos otorgaron sus puntos de vista especializados”.

Mencionó que la minuta ha cumplido con todos los tiempos y procedimientos establecidos en el reglamento, incluso el ejercicio de la prórroga para dictamen por un plazo de 45 días, “que vence el 12 de agosto para dictaminar la minuta del Senado”.

Hay en el reglamento una previsión, en donde si la comisión acredita un trabajo ininterrumpido, esto es, que está versando realmente sobre el dictamen, puede pedir excepcionalmente una ampliación de ese plazo para dictamen, entonces, subrayó el legislador, “vamos a solicitar la ampliación extraordinaria del plazo para dictaminar a efecto de que no nos vayamos a presionar del 12 de agosto”, agregó.

La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas señaló que su grupo parlamentario, el PRI, “tiene la disposición de votar a favor en lo general, pero se reservan todos los artículos que tengan que ver con el marco conceptual, para revisar con detalle las definiciones de seguridad nacional e interior, fuerzas federales, el listado de amenazas a la seguridad interior y el catálogo contenido en el proyecto”.

Asimismo, se aparta los artículos que versen sobre la clasificación y reserva de información, particularmente los que tienen que ver con el concepto y manejo de la información pública confidencial, y la participación del Poder Legislativo.

También los artículos relacionados con las facultades genéricas de las autoridades de inteligencia relativos a la intervención de comunicaciones, las facultades del Cisen y del Consejo de Seguridad Nacional. El procedimiento y el contenido de afectación, la relación entre las autoridades que realizan actividades de inteligencia y el ministerio público federal y revisar a detalle el papel del ministerio público federal que, como representante social, debe tener en todas las investigaciones y actividades de seguridad nacional.

La diputada Beatriz Paredes Rangel, del grupo parlamentario del PRI, señaló que se está actuando con absoluta seriedad, “concurrimos al foro que convocó la Comisión de Gobernación, nos pareció un foro extraordinariamente rico, las presentaciones de los distintos panelistas, sin duda, han enriquecido el criterio de los legisladores que van a expresar su opinión sobre el debate sobre esta minuta”.

Recordó que la propuesta que salió del Senado fue aprobada por todas las fuerzas políticas representadas, “sé que en Senado hubo dos excepciones en la votación, dos individuos”.

Convocó a no partidizar el debate, “porque estoy segura que todos vamos a hacer un esfuerzo para tener una legislación que corresponda al pleno respeto a los derechos humanos, a la necesidad del Estado mexicano, que está enfrentando problemas muy graves de disponer de instrumentos jurídicos válidos y democráticos, que permitan agotar el comportamiento de las instituciones y salvaguardar los intereses de la dignidad nacional de las instituciones”.

Por su parte, el diputado Agustín Torres Ibarrola, del grupo parlamentario del PAN, consideró que el trabajo realizado por el Senado no es despreciable, “es algo que aborda el tema, y precisamente, lo que queremos hacer en esta comisión es avanzar, discutir los pormenores de cada uno de los puntos que no hemos podido, sobre el procedimiento de declaratoria, la intervención de comunicaciones y las causales.

Reservó los artículos 44, el 51, el 52, el 57 fracciones II, IX y X, el 67, el 19 fracciones IV; XIV, XV y XVI, el 30, el 33, el 34, el 35, el 36, el 38 fracciones I, II, III, IV y V, el 39, el artículo 5 fracciones VIII y fracción XIV, el artículo 6 fracción I y VIII, el artículo 7, el 10, el artículo 13 fracción III, IV, X, XI, XII y XIII, el artículo 15 fracción V y fracción XIII, así como todo el procedimiento de declaratoria Presidente para entrar al debate ya de los pormenores de este tema.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del grupo parlamentario del PRD, manifestó su voto a favor en lo general de la minuta, pero reservó los artículos 1, 3, 4, 5, 7, en donde se plantea el concepto de seguridad.

También el artículo 13 que tiene que ver con el tema de la planeación y el tema de la agenda de riesgos y amenazas para hacer compatible esa agenda de riesgos y amenazas con este concepto de seguridad nacional y por supuesto todo lo relacionado con el CISEN.

“Los artículos, del 18 al 31, porque debe haber un Sistema Nacional de Información con carácter de Estado y no un órgano del Ejecutivo, que es el que maneja todo el tema de la investigación y de la información de inteligencia y contrainteligencia”, precisó.

Asimismo, los artículos relacionados con la intervención de las comunicaciones, del 38 al 53, que deben ser revisados en orden a la legalidad de cada uno de estos artículos conforme a las leyes de la materia. Los artículos 21, 13, 119, 129, de la intervención de las fuerzas armadas en casos de perturbación grave del orden y lo que implica. Y los artículos 72 del fuero; el 82, de las garantías de derechos humanos y el artículo 86, respecto a la defensa exterior.

En su turno, la diputada Lorena Corona Valdés, del grupo parlamentario del PVEM, manifestó su voto a favor del dictamen en lo general y reservó 20 artículos, en los temas de acotar los conceptos en cuanto a riesgo y amenaza; y modificar la conformación de la comisión bicamaral para que se integre por un representante de cada grupo parlamentario.

Asimismo, delimitar el sistema de responsabilidades de los servidores públicos y efectivos que intervengan en el proceso de seguridad nacional; la intervención en las comunicaciones; armonizar conforme a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema de jurisdicción militar; el principio de confidencialidad, salvaguardar el respeto a la soberanía de las entidades federativas y analizar la constitucionalidad de la declaratoria de afectación de seguridad interior.

El diputado Enrique Ibarra Pedroza, del grupo parlamentario del PT, se pronunció en contra en lo general del dictamen y se reservó cada uno de los 20 artículos que comprende el artículo único de esta minuta.

Consideró que se debe diseñar una visión de seguridad humana integral que contemple desde cuestiones del derecho a la alimentación, las condiciones del medio ambiente y “no tener esa visión de seguridad nacional para pensar en la seguridad del gobierno en turno, porque ni siquiera se está pensando en el Estado”, concluyó.

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